La ministra de educación, Marcela Cubillos comentó esta tarde a la acusación constitucional que un grupo de diputados de oposición presentó en su contra y aseguró que se basa en "hechos falsos".

Cubillos se refirió al posible juicio político antes de entrar al Palacio de La Moneda, donde indicó que "una acusación constitucional es cuando hay infracción a la Constitución y a la ley, los hechos en que se fundamenta son falsos".

"Aquí lo que hay atrás es el querer limitar nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de levantar nuestra propia agenda en materia educación que es con la que el gobierno fue elegido por la mayoría de los chilenos", agregó la ministra.

Cubillos también aseguró que "los diputados tienen todas las atribuciones para ejercer sus facultades (...) vuelvo a insistir en que las declaraciones en las que se basa la acusación hablan de hechos que son falsos y que han sido descartados por la contraloría y por el consejo para la transparencia".

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"Cuando no hay fundamentos jurídicos relevantes uno se pregunta que hay atrás de esta acusación, y lo que yo veo atrás es que me acusan por fiscalizar, por informar a los apoderados, por defender la libertad de enseñanza y el derecho a elegir y por levantar una agenda en materia educacional diferente a la que tiene el partido socialista", indicó la máxima autoridad del Ministerio de Educación.

Al ser consultada por T13 sobre cómo recibe esta acusación constitucional, la ministra aseguró: "Estoy tranquila, porque lo que nosotros hemos hecho es cumplir la constitución y la ley, y cuando consideramos que hay leyes que son dañinas o nocivas contra la educación tenemos derecho a presentar proyectos de ley como lo hemos hecho. Con algunos proyectos se gana en el congreso, con otros se pierde, pero es parte del proceso democrático", concluyó Cubillos.

Si la acusación es aprobada por la Cámara Baja luego pasará al Senado, que deberá decidir el futuro de la ministra. En el caso que la acusación sea aprobada por la Cámara Alta, Cubillos será destituída y quedará inhabilitada de ejercer cargos públicos por 5 años.

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