Qué observar. A las 9pm del lunes la fundación Democracia Viva, presidida por el ingeniero Daniel Andrade —ex militante de Revolución Democrática (RD)— ingresó su respuesta a la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La demanda pide la devolución de $391.768.516 de los $426 millones que recibieron en 2022 de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta para ejecutar 3 proyectos de campamentos, pese a tratarse de una organización sin experiencia en el área.
- El CDE se sumó en septiembre a la causa, luego de que el ministro Carlos Montes (PS) les pidiera intervenir en la mayor crisis de su gestión. Una que nació en junio como un cuestionamiento a los eventuales conflictos de interés en el traspaso a la fundación ligada a RD —el entonces seremi Carlos Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Andrade— y que hoy se extiende por todo Chile.
- El Caso Convenios abarca actualmente a todas las regiones del país, combinando las investigaciones a Vivienda a las de los Gobiernos Regionales (Gore). Los montos asociados a Vivienda bordean los $4.200 millones, mientras que los relacionados con Gore superan los $18 mil millones.
- En su contestación, la fundación dijo que deben “devolver la suma de $294.384.230, que es el monto de dinero no rendido, y obviamente no ejecutado, en razón del término anticipado de los Convenios”.
- “La diferencia de $97.384.286 fue rendida y ejecutada en cumplimiento de los convenios y que por ende las actas de liquidaciones aprobadas”.
- El escrito de la arista civil fue ingresado mientras los casos penales siguen avanzando. Con las detenciones este martes de Camila Polizzi y otras 4 personas en el Biobío, van 11 aprehendidos, todos relacionados con indagaciones a Gobiernos Regionales. A la fecha no hay formalizados por el caso Democracia Viva.
La defensa de sus gastos. En la contestación, Democracia Viva respondió a la afirmación del CDE de que destinaron el 41,69% del presupuesto del primer proyecto (de $200 millones) y el 35,85% del segundo (de $170 millones) a gastos operacionales y de recursos humanos.
- “En parte alguna de los Convenios suscritos entre mi mandante y el Serviu Región de Antofagasta se indica un porcentaje límite de gastos operacionales, o un límite de contratación de personal; o que la dotación profesional tuviese que tener cierto porcentaje de residentes en la ciudad en la que se ejecutó o debió ejecutarse el convenio”, escribieron en la página 4 de las 19 del documento. “Aquello se puede cotejar de la simple lectura de los convenios”.
- “De la mera lectura de los actos que disponen el fin de los convenios, se aprecia que la única causal establecida en los convenios como obligación de mi parte que ésta infringió fue no entregar en plazo las rendiciones (por este motivo fueron observadas u objetadas)”.
- “Las demás, como por ejemplo el incumplimiento basado al incorrecto uso de los recursos transferidos, basado en que, no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 41,69% del presupuesto fue destinado a gastos operacionales y recursos humanos, además de ser una imputación que fue hecha antes que los convenios hayan sido completamente implementados, lo que los convierte sólo en lo que podría entenderse como una fotografía en un momento específico, en parte alguna de los convenios se estableció”, dijeron en la página 11.
- “Así es, los convenios no fijaron ningún porcentaje ya sea mínimo o máximo, de que mi mandante, mediante los recursos transferidos debía utilizar para gastos operacionales o recursos humanos”.
