Qué observar. Carlos Bonilla, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), envió este jueves un escrito a la Corte de Apelaciones de Antofagasta en medio de la disputa legal que mantiene Democracia Viva por el término anticipado de los 3 convenios por $426 millones que la fundación ligada a Revolución Democrática (RD) suscribió en 2022 con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta.
- “Comparezco asumiendo la defensa de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, en el Recurso de Protección interpuesto por la Fundación Democracia Viva”, consignó el escrito.
- El recurso de protección fue ingresado el 9 de agosto por el presidente de la fundación, Daniel Andrade (hoy ex RD), quien argumentó que el término anticipado de los convenios afectaba la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
- La incorporación del CDE a la causa fue solicitada por Vivienda en medio de las gestiones para que Democracia Viva devolviera los $391 millones que, a juicio de la Seremi, no fueron ejecutados.
- Este viernes el CDE presentó además una querella por fraude al fisco en contra de Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
- Andrade dijo en una declaración del 14 de agosto que “ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos (que piden restituir). Le hemos solicitado al tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos”.
- El contralor Jorge Bermúdez dijo este jueves en Estado Nacional de TVN que “creo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías”, en referencia a que tanto en los convenios con Democracia Viva como en otros indagados por la fiscalía por eventual fraude al fisco, el gobierno no solicitó boletas de garantía ni otro tipo de resguardos financieros.
- “Son más de $290 millones los que están retenidos en la justicia y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar el resto”, respondió este viernes el ministro de Vivienda Carlos Montes (PS).
Indagación de Contraloría. Bermúdez hizo estas declaraciones el mismo día que se conoció un informe de Contraloría que detectó docenas de faltas a la probidad, lo que reabrió los cuestionamientos a la gestión de Montes por la falta de control de los recursos en el Minvu.
- Entre éstas, que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos.
Los motivos para terminar los convenios. El sábado 26 de agosto la Seremi envió a la Corte el informe solicitado por el tribunal sobre los motivos legales para cancelar anticipadamente los contratos con la fundación, más allá del escándalo generado en el denominado caso Democracia Viva.
- En el documento de 30 páginas argumentó que, en los 2 primeros convenios firmados con Democracia Viva, por $370 millones, la fundación ligada a RD destinó un 41,69% y un 35,85% del presupuesto a gastos operacionales y recursos humanos.
- A esto sumó la subcontratación de personal con residencia en Antofagasta.
- En el tercer convenio, por $56 millones, acusaron falta de entrega de un plan de trabajo, rechazo de las rendiciones de marzo y abril y la no entrega del informe semestral.
Panorama general. Al firmar los convenios cuestionados, Daniel Andrade era pareja de la diputada RD Catalina Pérez, quien a su vez había sido jefa del entonces Seremi Carlos Contreras.
- Contreras suscribió los contratos para entregar servicios a campamentos con una fundación sin experiencia en el área, que había obtenido su personalidad jurídica en febrero de 2022.
- RD expulsó del partido tanto a Andrade (quien había anunciado previamente que dejaba la tienda) como a Contreras, y suspendió la militancia de Pérez.
- Las indagaciones de la fiscalía a convenios con platas públicas con diversas organizaciones sin fines de lucro se extienden por 12 regiones: Arica; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Valparaíso; O’Higgins; El Maule (a cargo de la fiscalía de Antofagasta); Biobío; La Araucanía; Los Lagos; Aysén y Magallanes.
Lea aquí el escrito del CDE:
