• María Consuelo Contreras Largo, 66, nació en 1957 en Santiago. Estudió trabajo social en la U. de Chile, años en que comenzó a forjar sus lazos con las organizaciones civiles que la llevaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del que es consejera desde 2013.
  • En 1990 fundó la Corporación Opción, orientada a implementar la Convención de los Derechos del Niño. Fue también coordinadora para Sudamérica de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil.
  • En enero de 2018 asumió como directora en reemplazo de Branislav Marelic. Contreras no tenía militancia, pero se ha aliado históricamente con los consejeros ligados a la izquierda. Al asumir, renunció a la dirección ejecutiva de su fundación.
  • Un año y medio más tarde, se vio envuelta en una polémica que derivó en su caída como directora. El 5 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó un recurso de amparo presentado por el INDH en representación de 20 ciudadanos venezolanos, en que argumentaron que la policía había denegado, sin tramitar, solicitudes de refugio presentadas en Colchane.
  • “El ingreso lo fue (…) arguyendo una supuesta calidad de turista, es decir, en caso alguno revelaron su intención de ingresar en calidad de refugiados (…), cuestión que sólo surge ante la negativa justificada de la institución policial y la actuación posterior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es decir, sólo en ese momento surgió aquella posibilidad, lo que resta verosimilitud y credibilidad a la pretensión y al contenido de los formularios presentados”, consignó la resolución de la Corte, que descartó la versión del INDH. A esta se sumó otra similar en Arica.
  • “No estamos incentivando el refugio, estamos apegándonos a la ley nacional y a los tratados internacionales”, dijo Contreras a radio Cooperativa, el 13 de julio de 2019.
  • Sus dichos escalaron las críticas. Diputadas de RN ingresaron un proyecto de acuerdo para remover a Contreras. Las críticas se extendieron y el 29 de julio el consejo eligió como nuevo director a Sergio Micco (ex DC). Contreras, así, volvió a ser consejera.
  • Contreras era consejera para el 18-O, período en que el INDH elaboró catastros de víctimas de trauma ocular, muertos y heridos durante esos meses, además de presentar docenas de querellas.
  • El 12 de febrero de 2020 dio una entrevista a radio Duna, donde entregó 2 definiciones. “Son generalizadas las violaciones a los derechos humanos, pero para que sean sistemáticas tiene que haber una coordinación de los órganos del Estado para violar derechos humanos. Hoy día eso no ha ocurrido”, dijo. “El instituto mantiene la doctrina en materia de derechos humanos y es que solo el Estado, y es mi postura también, solo el Estado a través de sus órganos y agentes viola derechos humanos”.
  • Fue una de las principales opositoras a la gestión de Micco, cuya llegada al INDH fue criticada desde el FA y el PC.
  • Contreras fue una de las firmantes de una carta en rechazo a una entrevista dada por Micco a El Mercurio en mayo de 2020 donde, consultado por el 18-O, respondió que allí actuó “una mayoría estruendosa, que ejerce violencia y que no le importa la vida propia ni la de los otros”.
  • También fue uno de los 5 consejeros que en julio de 2022 firmaron una carta pidiendo la salida de Micco: “Le solicitamos a Ud. su renuncia inmediata al cargo de director nacional de la institución. Estamos convencidas y convencidos que debemos dar paso a una nueva administración, que pueda recomponer los lazos con la sociedad civil, y con las funcionarias y los funcionarios; recuperar la confianza de la ciudadanía”.
  • El 19 de julio de 2022 fue elegida directora subrogante y el 5 de septiembre fue confirmada como directora hasta 2025. En sus primeros meses de gestión se involucró en una nueva polémica vinculada a la inmigración irregular, apoyó iniciar acciones penales por el 18-O que involucraran al alto mando de Carabineros y enfrentó una controversia con el Congreso, en que parlamentarios pidieron mayor transparencia al instituto para apoyar su presupuesto.
  • El 7 de noviembre de ese año, el INDH presentó un recurso de amparo en contra de la subsecretaría del Interior, en favor de 6 de los 12 ciudadanos colombianos que el Presidente Gabriel Boric buscaba expulsar. El caso se remonta al 9 de octubre de ese año, cuando carabineros acudieron a un procedimiento por un presunto robo en Puerto Montt. En un video, viralizado posteriormente, se vio a un grupo de hombres y mujeres forcejeando y golpeando a los efectivos de uniforme en la calle. La Corte rechazó, en fallo dividido, la acción.
  • Las pensiones del 18-O a 419 personas (69 con prontuario) le dieron nueva visibilidad. El informe de Contraloría sobre las pensiones dado a conocer este jueves cuestionó cómo el INDH acreditó las lesiones de 19 beneficiados. El organismo subsanó 9 casos, manteniendo los cuestionamientos a 10.
  • “El INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”, sostuvo, apuntando a uno de los elementos que han salido a la luz al revisar los casos controversiales de pensiones de gracia: querellas del INDH únicamente basadas en el testimonio de los denunciantes, que han incluido entre los pensionados a prófugos por estafa.
  • Contraloría, sin embargo, cuestionó también que el gobierno careciera de elementos de verificación adicionales de lesiones, además del INDH. “Siendo esta la única fuente de antecedentes para evaluar los casos”, dijo, “ (esto) puede influir en una errónea determinación del daño, con el consiguiente riesgo de que se otorgue una pensión por un monto y/o plazo que no corresponda”.
  • El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve —quien ha estado al centro de la polémica por entregar información incompleta y contradictoria sobre los beneficiados con prontuario— apuntó este viernes a las responsabilidades del INDH en las fallas de las acreditaciones médicas.
  • “Ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados antecedentes médicos. Los antecedentes médicos los solicita el INDH”, dijo Monsalve, y recalcó que es el Instituto quien emite “un certificado muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de la revisión de los antecedentes, de todos estos antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha en que se produjo y el lugar donde se produjo, tiene la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.
  • Contreras ya había abordado el tema. “No hay, ni ha habido, personas que tengan pensiones de gracia entregadas en virtud de la acreditación que el Congreso entregó al INDH”, dijo en una columna publicada este mes en El Mercurio.
  • La directora apuntaba a que las 419 pensiones de gracia otorgadas entre el gobierno pasado y el actual habían sido entregadas bajo la glosa de la Ley de Presupuesto de “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019” (donde no tenían responsabilidad) y no bajo la glosa que establecía menoscabo laboral (donde sí debían acreditar el menoscabo). Contraloría, de todas formas, cuestionó la labor del INDH en el proceso.
  • La Tercera dio a conocer este viernes que Contreras envió el 23 de septiembre de 2022 un oficio al Presidente Gabriel Boric planteando “la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”. El motivo era su falta de capacidad técnica y expertise. Ésta no habría sido respondida por el Ejecutivo.

 

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