Un pronunciamiento a la Contraloría solicitaron este lunes el presidente de RN, Cristián Monckeberg, y el diputado UDI Juan Antonio Coloma, en representación de Chile Vamos. 

El bloque opositor acusa un “abierto intervencionismo” por parte de funcionarios de Gobierno de cara a la elección municipal de octubre próximo.

El señor Aleuy no es el jefe electoral de la Nueva Mayoría: Es el subsecretario del Interior, que tiene que estar preocupado de la seguridad, de La Araucanía, no de evaluar quiénes son los mejores candidatos a alcaldes.
Cristián Monckeberg, presidente de RN

Esto a raíz de una nota del diario La Tercera del pasado viernes que reveló que el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, habría creado un equipo de trabajo para analizar el escenario electoral en todo el país.

El grupo estaría liderado por el funcionario del ministerio y ex secretario general de la DC, Víctor Maldonado, quien según fuentes del oficialismo citadas en la nota ha viajado por buena parte del país analizando el escenario municipal, comuna por comuna.  Incluso se habrían elaborado documentos consignando las comunas “a mantener” y otras “en riesgo”, los que habrían sido entregados a dirigentes de la Nueva Mayoría. 

Un hecho que a juicio de Chile Vamos constituye un “abierto intervencionismo de altas autoridades ejecutivas en favor de un sector político, implicando el uso de recursos públicos para financiar viajes de autoridades y asesores de gobierno con propósitos de proselitismo político partidista, algo totalmente prohibido por la legislación vigente”.

Es por ello que señalan que “pedimos al Señor Contralor General de la República que inicie una investigación en relación a los hechos denunciados".

Para ello piden que se oficie a la Subsecretaría del Interior "a fin que informe acerca de todos los viajes que se ha realizado el señor Vícto Maldonado Roldán dentro del país con fondos de esa Subsecretaría, detallando el pago de viáticos en su caso, resolviendo lo que en Derecho corresponda con la información que se allegue, reiterando a las autoridades ejecutivas, particularmente de la Subsecretaría del Interior, la obligación legal de prescindencia política que les cave y que ha sido reiterada en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República".    

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