La semana del 15 de marzo los operadores del exTransantiago recibieron un oficio por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) que les indicaban que debían bajar la cantidad de buses que sacan a diario por la ciudad, dado que el gobierno decretaría medidas de restricción de movilización producto del avance del Covid-19.
En ese momento, las empresas que conforman el sistema de transporte capitalino respondieron rápidamente a la autoridad de que debía compensarlos económicamente por el desequilibrio financiero que le produciría la falta de circulación de sus buses, donde a la fecha sólo movilizan el 30% de los pasajeros que habitualmente utilizan sus servicios.
A partir de ahí también se desencadenó un proceso de negociaciones entre el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), encabezado por Fernando Saka, y los operadores, que aún continúa sin llegar a una resolución.
La solicitud de Express, Subus, Metbus, Redbus, STP y Vule, se respalda en los contratos que mantiene con el gobierno, donde se establece que el Estado de Chile debe asegurar una cierta demanda de sus operaciones y que, en caso de excepción, les deberá compensar las pérdidas sufridas.
Consultada al DTPM, confirmó que actualmente se están llevando conversaciones con la Dirección de Presupuestos (Dipres), las compañías de buses y Metro, por la caída en las transacciones del sistema que han disminuido su recaudación y el pago a las empresas. Por esto, “tenemos que velar por la sostenibilidad del sistema en su conjunto y por lo mismo se están evaluando distintas opciones”.
Una fuente de una de las empresas de transporte comentó que los operadores están de acuerdo con no someterse a la ley de protección del empleo, normativa impulsada por el gobierno, dado que la alta incertidumbre y la especialización de sus choferes hace que en cualquier minuto se pueda requerir de sus servicios y, por lo tanto, se necesitará del 100% de ellos cuando esto ocurra.
Este tipo de empresa -agrega un abogado experto en temas laborales- podría acogerse a la suspensión por acuerdo entre las partes o a la reducción de la jornada.
El factor Hacienda
En el gobierno habría cierta claridad de que será necesario compensar a los operadores del sistema, para evitar que su negocio quiebre. Si no se asegura el equilibrio financiero de estas empresas de transporte, se corre el riesgo de que puedan demandar al Estado por incumplimiento de contrato, además que podría traer más inconvenientes al sistema.
Por esta razón, lo que pretenden hacer las partes sería replicar la fórmula que implementaron hace seis meses, en medio del estallido social. Durante ese período, hubo semanas en que la demanda fue mínima, por lo que se planteó la alternativa de promediar los ingresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio anterior y aplicarlos en ese momento para enfrentar los problemas que se generarían para las compañías.
La DTPM recién tuvo una respuesta clara para sus reclamos en diciembre y en enero se hizo efectivo el pago. Esto, porque el lento ritmo que usualmente llevan las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Dipres, que están encargadas de mantener a raya los gastos fiscales, un factor que cobra mayor relevancia en la actualidad, dado el escenario de mayor estrechez de recursos públicos y que el período de baja actividad se prevé más extenso.
Hasta el momento no hay una definición para compensar el déficit de pasajeros, pero se podría utilizar un promedio equivalente a marzo, abril y mayo de 2019 como referencia.
La fórmula de Metro
Un segundo actor complicado por la baja demanda de pasajeros es la red de Metro, que en las últimas semanas ha operado entre 10% y 15% de su capacidad normal. Lo anterior, significó que la entidad replanteara su presupuesto para los meses siguientes, dado que ya venían golpeados por los efectos que dejó el 18 de octubre.
Aunque no se descarta hacer un aumento de capital en las próximas semanas, tal como sucedió a fines de 2019 para poder hacer las reparaciones de su estructura, Metro activó un plan de rebaja de costos, suspendiendo todas asesorías, consultorías y prestaciones de servicios que no son estratégicas de su operación. A esto se le suma que cancelaron algunas licitaciones menores para poder darse un respiro económico y enfocarse en su giro de negocios.
En materia de trabajadores y para evitar despedir personal, a partir de abril la empresa recortó las remuneraciones en 20% a la plana ejecutiva, que abarca gerentes y subgerentes, y al directorio, a lo que se suma quienes están en modo teletrabajo, o bien, que no están pudiendo desarrollar sus actividades habituales.
Mal desempeño económico de Express
El período 2019 fue complejo para la industria de transportes nacional, incluyendo los operadores de buses que enfrentaron en primera línea al estallido social de octubre. Aún así, sus ingresos aumentaron 15,3% al cierre del año pasado, con un total de $ 615.501 millones (sin contar Subus, que aún no reporta su estado financiero ante la CMF), versus $ 533.603 millones de 2018.
Sin embargo, pese al mejor desempeño en este segmento, la última línea del consolidado de la industria baja un 99% debido a las pérdidas económicas de Express Santiago Uno por $ 24.076 millones, la única firma que estuvo en número rojos y que llevó al sector a cifras de utilidades por $ 606 millones.
Sin contar con la firma colombiana, las ganancias estarían en niveles de $ 24.682 millones.
