La sala del Senado aprobó, la tarde de este miércoles, el acuerdo alcanzado en la comisión mixta, y despachó la Ley de Presupuestos 2025, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó listo para convertirse en ley.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, anticiparon que irán al Tribunal Constitucional (TC) para intentar impugnar algunas normas aprobadas que no cumplirían con el objetivo inicial de la Ley de Presupuestos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el presupuesto aprobado mantenía el propósito inicial del gobierno gracias al acuerdo alcanzado con los distintos sectores políticos, pero recalcó que hay normas que serán cuestionadas en el TC.
“El gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional todos los temas que estima que no se respetaron las normas constitucionales en el proceso presupuestario. Esto es válido tanto para glosas que se introdujeron sin respetar la división de facultades que tiene la Constitución, así como para materias que se aprobaron pero están fuera del mandato de la Ley de Presupuestos”, contó el ministro Marcel.
“La Ley de Presupuestos no es una ‘ley omnibus’ en la que se puede colocar cualquier cosa, la Ley de Presupuestos tiene que ver con la recaudación y la aplicación de los recursos del Estado, y las glosas presupuestarias son para regular ese proceso de aplicación de los recursos del Estado”, agregó.
“Hay materias que no tienen que ver con el presupuesto y en la medida que uno las aceptara, la verdad es que desvirtuaría el sentido de esta ley y agregaría un grado de incertidumbre jurídica enorme”, complementó.
Durante la tramitación, el gobierno había anunciado que podría ir al TC si avanzaban normas como el test de drogas semestral para los miembros del Ejecutivo, como el Presidente y sus ministros. Hoy, en su intervención ante el Senado, el ministro Mario Marcel señaló que "el criterio no es si estamos a favor o en contra de lo que se estableció respecto de la Ley Lafkenche, los test de drogas, o una multiplicidad de otros temas".
El acuerdo alcanzado logró reponer los recursos que habían sido rechazados con anterioridad, como los relativos a la Defensoría Penal Pública, al Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda) y los programas de apoyo a pymes afectadas por los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social.
