Los ministros de la Segpres, Felipe Ward, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, emplazaron a los parlamentarios a poner en tabla esta tarde en el Senado el proyecto que establece un ingreso mínimo garantizado de $300.000 líquidos para los sectores que perciben menores salarios, con el objetivo de comenzar a pagar el beneficio desde abril.
Ward planteó que ingresarán la urgencia para analizar el texto con discusión inmediata, porque "el ingreso mínimo garantizado ya fue discutido en comisión y esperamos que sea visto en sala en el Senado. Vamos a solicitar que lo pongan en tabla hoy. Este proyecto ingresó hace cuatro meses al Parlamento, este no es un proyecto nuevo y beneficia a casi 700 mil personas".
Consultado sobre si están los votos necesarios dijo que "es normal que exista tensión política y haya diálogo en torno a los proyectos, lo que estamos haciendo como gobierno es intentar sintonizar con la ciudadanía. Las prioridades están donde la ciudadanía nos ha dicho que las pongamos, más allá de las diferencias que tengamos con los parlamentarios, obras son amores y no buenas razones, esta semana es fundamental ponerlo en tabla".
En tanto Sichel explicó que de aprobarse la iniciativa, que establece el pago de un aporte directo para los trabajadores que se encuentre en el rango que va desde los $301.000 brutos hasta los $380.000 brutos, "van a poder recibir hasta un aumento de un 25% de sus ingresos".
Agregó que con ello "por primera vez en la historia el Estado de Chile les va a dar una garantía de que van a obtener un subsidio a su bolsillo".
Anticipó que de aprobarse en marzo el pago se haría efectivo en abril: "Muchas veces en esta crisis social se nos critica por la falta de sentido de urgencia a las demandas y aquí hay una oportunidad".
Ward rechaza acusación a Blumel
Ward también se refirió a la acusación constitucional hacia el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunciada por el partido Revolución Democrática apuntando a la pérdida de tiempo que esto pueda ocasionar en avanzar sobre las prioridades legislativas, que buscan dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en el contexto del conflicto social.
"Hay una discusión interna dentro de la oposición, algunos que creen que las interpelaciones y acusaciones constitucionales son la respuesta a las demandas y solicitudes de los chilenos", señaló. Ante esto agregó que , "nosotros nos damos cuenta de cómo en el Congreso, si bien es cierto han existido avances, muchas veces se pierde tiempo -a pesar de que forman parte de las atribuciones que tienen los parlamentarios- pero no se me ocurre que vayamos a solucionar la vida de las personas, ni que vayamos a recuperar la paz ciudadana o avanzar en materia de orden público con una discusión en la que ni siquiera están de acuerdo en la oposición".
