La obligación de que las empresas automotoras deban reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el objetivo del proyecto de ley presentado por diversos diputados encabezados por Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Álvaro Carter (UDI).
El texto señala que se busca que la "industria automotriz sea sujeto obligado de la Unidad de Análisis Financiero a reportar las operaciones sospechosas y las operaciones en efectivo cuando corresponda, según los criterios determinados por la legislación-, dado que éste sector económico es uno de los que se ve más vulnerado por la criminalidad organizada, en lo que se dice en relación con el lavado de activo, dado que se permite la compra de automóviles en efectivo, permitiendo la introducción de altas sumas de dinero sucio al sistema financiero formal para su posterior blanqueamiento".
Cabe recordar que la UAF es un servicio público descentralizado que se creó el año 2003, con el objetivo principal de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para esto, la UAF cuenta con una serie de atribuciones destinadas a la realización de inteligencia financiera. Para ello, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter financiero.
Sin embargo, según el último informe elaborado por la UAF pone de manifiesto las principales amenazas, debilidades y vulnerabilidades de nuestro país, y las formas cada vez más sofisticadas que utiliza la criminalidad organizada para vulnerar el control que se ejerce en esta materia. Así, se determinó que entre los años 2007 y 2015, los sectores económicos más vulnerados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, las cuales fueron vulneradas en el 84,9% Y 83% de los casos, respectivamente.
