El Gobierno de Gabriel Boric presentó una querella por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, desde su casa en la comuna de Independencia. En el documento legal legitima la acción judicial aludiendo que el hecho genera un “inevitable temor en la población”.
La querella presentada por el Ministerio del Interior apunta a todos quienes resulten responsable del delito de secuestro y porte ilegal de arma.
Recordemos que la madrugada del miércoles 21 de febrero, el exmilitar venezolano, quien fue desertor del ejército y está en nuestro país con asilo político, fue sacado de su domicilio a la fuerza por dos hombres que se hicieron pasar por policías chilenos.
“Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”, dice la querella del gobierno.
“Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”, añade.
“En la especie, resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población”, acusa.
En el documento al que tuvo acceso T13 también se solicita que se despache orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, con el objeto de que empadrone a los posibles testigos, solicite la entrega de registros audiovisuales, y se realicen todas las diligencias necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos.
Además, para que se determine la relación de los hechos descritos con otras denuncias recibidas, incluyendo en especial, pero no de manera exclusiva, relativas a delitos de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, amenazas condicionales y robo.
Acusaciones políticas por el secuestro del exmilitar venezolano
El hecho ha pasado de ser un delito policial y ha tenido implicancias políticas, ya que algunos sectores de la oposición, tanto en Chile como en Venezuela, aseguran que el Gobierno de Nicolás Maduro estaría detrás del secuestro, por lo que han pedido al gobierno chileno tomar acciones.
Desde el Ejecutivo han evitado respaldar alguna de las hipótesis sobre el caso, y han solicitado no utilizar este caso políticamente y dejar que avance.
