Diversas organizaciones sociales entregaron esta semana al Gobierno un conjunto de propuestas para mejorar el sistema penitenciario chileno, en el marco de un trabajo realizado en una mesa ciudadana en el 2015.
La ocasión convocó a 81 Razones para Luchar, la Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), las fundaciones Mujer Levántate y Paternitas y la ONG Leasur, entre otras, consignó Cooperativa.
Alicia Alonso, directora de Leasur señaló que “la convocatoria de las organizaciones relacionadas al trabajo penitenciario, incluyendo a Gendarmería, el Ministerio Público y múltiples ONG's, es uno de los éxitos más importantes de la mesa”.
En el Protocolo de Acuerdo (nombre que lleva el documento en el que se revela el diagnostico que hicieron las organizaciones del actual sistema penitenciario y las posteriores propuestas), se indicó que dentro de las problemáticas que observaron en el sistema está:
- Déficit en el diseño e implementación de regímenes de reinserción social.
- Insuficiente especialización y capacitación de los actores del sistema.
- Excesiva priorización de los actores en la política de seguridad ciudadana y creciente desinterés en los derechos fundamentales de los privados de libertad.
- Cuerpo normativo regulador de la actividad penitenciaria no acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los privados de libertad.
- Falencias en los mecanismos de protección de los derechos al interior de las unidades penales.
- Funcionamiento militar de Gendarmería como factor que incentiva la represión dentro del sistema penitenciario.
- Falencias en la infraestructura penitenciaria y su impacto en los derechos de los privados de libertad.
- Desmejorada situación de los grupos vulnerables dentro de las prisiones.
A su vez, las propuestas incluyeron impulsar la tramitación de una Ley de Ejecución Penal que cumpla con los estándares internacionales de la materia, la que deberá consagrar derechos y deberes de los reclusos y regular el uso de la fuerza de los funcionarios.
Por otra parte, se señaló la necesidad de crear un Juzgado de Ejecución que tenga una constante presencia en los recintos penales, lo que permitiría eliminar las comisiones especiales que funcionan de forma hermética y en las que se observa un gran ámbito de arbitrariedad.
Recomendaron, por otro lado, revertir el funcionamiento militarizado de Gendarmería, así como inyectarle mayores recursos y mejorar las precarias condiciones laborales que afectan a la institución.
Enfatizan que se necesita una mayor especialización en el Ministerio Público y en Gendarmería e investigaciones más eficientes de parte del Ministerio Público de los delitos que ocurren al interior de los recintos penitenciarios.
El documento hace un llamado especial a cuidar de los grupos vulnerables como mujeres, migrantes y adolescentes y a generar una red fuera del sistema penal juvenil que involucre a actores externos.
