La ministra del Interior, Carolina Tohá, tomó distancia de la discusión que se ha dado en Arica por el inicio del juicio contra el clan Los Gallegos, el brazo en Chile de la banda criminal Tren de Aragua, y aseguró que el Ejecutivo se encargará de reforzar las medidas de seguridad donde sea que se realice el juicio.
En los últimos días, el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica acogió un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública para que el juicio oral se realizara completamente de manera presencial, y no vía telemática como pedía el Ministerio Público por motivos de seguridad.
“Hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones, es propio del proceso penal definirlo. Lo que nos corresponde a nosotros es que donde quiera que se haga este proceso, se refuercen las medidas de seguridad”, dijo la ministra Carolina Tohá.
“Hemos tenido contacto con el alcalde de Arica y si es ahí, o si es en otra parte, van a tomarse los resguardos, por supuesto, para proteger a todos los actores del proceso penal, a la población que está en el entorno, para que no existan esos impactos”, añadió.
“Lo hacemos cada vez que hay estos juicios complejos, en que a veces grupos ligados a quienes están enfrentando la justicia buscan maneras de ejercer algún tipo de represalia o intimidación, ahí está nuestra labor, protegiendo a personas que están en situación de riesgo para asegurar que la justicia opere sin presiones, y que nadie sea movido por el temor para tomar decisiones”, complementó.
Temor a los imputados de Los Gallegos
Los argumento que esgrimieron desde la fiscalía, para pedir que solo los defensores estén de manera presencial en el tribunal y no los acusados, es que son 38 personas las acusadas, la mayoría por delitos graves, e incluso para once de ellos se solicita cadena perpetua como condena.
“Lo que nos preocupa es la seguridad porque, evidentemente, tener a estas 38 personas en la ciudad de Arica, en un lugar con un contingente de funcionarios tanto de las distintas policías como de Gendarmería que no es el óptimo, es en sí mismo un riesgo”, dijo el fiscal Mario Carrera.
“Recordemos que en esta causa se están pidiendo once presidios perpetuos, más de 200 años respecto de quienes no estamos pidiendo presidio perpetuo, por lo tanto, el riesgo es altísimo para que pudiesen realizar algún acto que implique la fuga o algo de esa naturaleza”, añadió.
Desde el Ministerio Público no descartaron recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir la situación, aunque dijeron que esperarán a ver qué decisión toma Gendarmería, que sería la encargada del traslado de los presos desde distintos penales de todo Chile.
