Preocupación existe por las medidas de protección que tienen los testigos protegidos por el Estado, esto debido a que -en lo que va del año- al menos tres de ellos han sido asesinados por bandas criminales.
Esta práctica, cometida por diversas organizaciones delictivas, busca "silenciar" a quienes podrían testificar en contra de ellos.
¿Quiénes son los 3 testigos protegidos asesinados?
Las víctimas más recientes, Yunior y Kliber, dos jóvenes venezolanos, fueron ejecutados con más de seis heridas de bala en la cabeza y el torso, a muy corta distancia. Este macabro evento ocurrió cerca de las tres de la mañana del miércoles 5 de junio en Lampa. Los vecinos de Lo Echevers se despertaron alarmados por los fuertes estruendos que resultaron ser disparos de armas automáticas.
Ambos jóvenes eran testigos protegidos en una investigación reservada relacionada con el crimen organizado y según fuentes vinculadas a la indagatoria, las medidas de protección no fueron suficientes para resguardarlos de la acción sin piedad del crimen organizado.
Alicia Díaz, Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, expresó: “Como son tipos de testigos que están en causas reservadas, tanto las medidas de protección como el proceso que ha ocurrido para que se vulnerara la protección, no nos estamos pronunciando porque podríamos atentar contra la reserva de la misma”.
Por su parte, el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, cuestionó "¿Qué está esperando el gobierno? ¿No tener nunca más un testigo que se atreva a declarar con las medidas que le prometan porque los van a asesinar como ocurre en los países más inseguros del mundo?”.
Mayra, una joven venezolana de 19 años, fue asesinada a tiros en marzo en un servicentro de Ovalle tras haber testificado y entregado videos cruciales para la detención de sicarios del Tren de Aragua. Ninguna fuente judicial ni policial estuvo disponible para comentar sobre su caso a Reportajes T13.
Luis Toledo, del Centro de Seguridad Pública la Universidad San Sebastián, señaló: “Lo que hemos visto en este último tiempo es el cumplimiento de estas amenazas y la muerte de testigos, lo que está poniendo en jaque la seguridad pública y la respuesta del Estado frente a ella”.
Desde 2021, Chile enfrenta una nueva criminalidad con grupos organizados que intentan apoderarse de diversos sectores del país, utilizando pistolas, secuestros, extorsión y amenazas. La Asociación de Fiscales subraya la importancia de proteger a los testigos para terminar con la impunidad. Sin embargo, la relocalización y la protección efectiva de estos testigos en un país pequeño como Chile es un desafío considerable.
Solo 420 mil pesos por persona para la protección de víctimas y testigos:
El presupuesto anual del Ministerio Público destina cerca de 5.500 millones de pesos a la protección de víctimas y testigos, lo que equivale a una media de 420 mil pesos por persona, cifra que podría no ser suficiente para las medidas necesarias.
El senador Flores ha propuesto un proyecto que contempla medidas exhaustivas para la protección de testigos, incluyendo la deslocalización de estos junto a sus familias, el cambio de identidad y la provisión de condiciones de seguridad que aseguren su integridad. Sin embargo, este proyecto no ha contado con el apoyo necesario para su implementación.
Alicia Díaz, de la Fiscalía, mencionó que aunque la proporción de testigos asesinados es mínima en comparación con la cantidad total de personas que reciben protección, la reciente ola de asesinatos es un fenómeno nuevo y preocupante. "La sociedad chilena está preocupada porque tanto las policías como las instrucciones de la Fiscalía y el examen permanente de las medidas de protección son aspectos que debemos revisar y fortalecer", señaló.
Además, la relocalización dentro de un país relativamente pequeño como Chile presenta desafíos adicionales. La dificultad de ocultar a un testigo en comunidades pequeñas, donde todos se conocen, complica aún más la tarea de proteger su identidad y seguridad.
Luis Toledo, de la USS, subraya la necesidad de un enfoque integral y coordinado que incluya la protocolización de las medidas de protección y la asignación de recursos adecuados. "No es fácil cambiar a un testigo de Arica a Puerto Natales sin que su presencia sea notada. Necesitamos un sistema robusto que contemple todas las posibles eventualidades y garantice la seguridad de los testigos", afirmó.
Francisco Bravo, de la Asociación Nacional de Fiscales, sugiere que sean los fiscales quienes determinen la calidad de testigo protegido. "El juez no está en conocimiento de lo que contiene la investigación. Los fiscales, que manejamos los detalles del caso, estamos en mejor posición para decidir las medidas de protección necesarias", argumentó.
El caso de "Los Gallegos" en Arica, donde un juez ordenó revelar los nombres de los testigos protegidos a la defensa, ilustra la fragilidad del sistema actual.
Afortunadamente, la Corte de Apelaciones revirtió esta decisión, evitando una posible catástrofe. Sin embargo, este incidente destaca la necesidad urgente de revisar y reforzar el marco legal y operativo para la protección de testigos.
