La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó a la oposición a respaldar el levantamiento del secreto bancario que será votado el miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, en el marco de la discusión de la Ley de Cumplimiento Tributario. 

La ministra Vallejo fue enfática en decir que en este tipo de votaciones se “materializa el compromiso real para enfrentar la corrupción, para enfrentar la elusión y evasión de impuestos y para enfrentar el crimen organizado”. 

“Cuando hablamos de ocupar las herramientas institucionales con mayor inteligencia, es que hablamos, entre otras cosas, del levantamiento del secreto bancario”, agregó. 

La ministra Vallejo hizo referencia también a los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien se manifestó en contra de levantar el secreto bancario y planteó que se podrían conocer las cuentas de “supermercado” de las personas. 

“Algunos han dicho que el que nada hace nada teme, así que no debería ser una preocupación las compras de supermercado. Llevar a ese nivel el debate es ridículo, es desestimar la inteligencia del ciudadano y de la ciudadana. Todos sabemos que con el secreto bancario se ha permitido mucho secretismo en torno a la circulación de dinero que está detrás de la corrupción y el crimen organizado”, respondió Vallejo.

“Facilitar ese proceso y no entrampar por la vía que tenemos hoy, judicial, eterna, que al final no permite ser usado como corresponde y con la agilidad que requiere, es seguir en un oscurantismo respecto al negocio que está detrás de los delitos de cuello y corbata, y los delitos asociados al comercio ilegal en general, tanto de drogas, de armas y de otro tipo”, agregó. 

Qué dice la ley sobre el secreto bancario

Actualmente la legislación protege la privacidad de las personas y eso incluye su información financiera. Sin embargo, este secreto puede ser levantado en caso de que un tribunal autorice.

Sólo el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero pueden solicitar levantar el secreto bancario de personas, en algunos casos específicos que son detallados en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

“Las limitaciones, reconocidas por nuestra legislación al secreto bancario recaído sobre operaciones de depósitos y captaciones, permiten el acceso a la información gravada, cuando una disposición legal expresamente lo autorice, o cuando una resolución de la justicia ordinaria o militar ordene la remisión o examen de antecedentes”, explica. 

Esto puede ocurrir cuando se trate de operaciones específicas sobre dichos instrumentos bancarios, que sean efectuadas por quienes tengan carácter de parte o imputado en esas causas, que dichas operaciones tengan relación directa con el proceso, y que la remisión de los respectivos antecedentes sea ordenado por la justicia ordinaria o militar.

Qué propone el gobierno

La norma no apunta a revisar las cuentas de cualquier persona como han advertidos algunos representantes políticos en el debate, sino que deberá hacerse, tal como dice en la actual ley, sobre una operación sospechosa, previamente reportada o detectada por los organismos facultados para hacer la solicitud. 

La diferencia será que ahora, con las modificaciones que propone el gobierno, será la persona investigada la encargada de demostrar el por qué no se debería levantar el secreto bancario en su contra, y no al revés como es hoy. 

Desde el Ejecutivo argumentan que esto haría el proceso más expedito, a diferencia de lo que ocurre hoy. 

"El caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes”, dice la propuesta del gobierno.

“Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias”, añade. 

Una de las opciones que también aparecen en el horizonte es acortar los plazos para que el tribunal autorice o rechace la solicitud de levantar el secreto

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