Por Pablo Cádiz y María José Soto
Fue hace varios años y en completa reserva que Paola Papi tomó una decisión que no tenía vuelta atrás: cremar los restos de su hijo, Rodrigo Anfruns, que se encontraban desde 1979 enterrados en el patio del Cementerio General.
La decisión no era fácil, cuentan sus familiares. Se lo cuestionó mucho, pues sentía que Rodrigo no solo le pertenecía a ella, sino que también a las decenas de personas que cada año van a depositarle flores y recuerdos desde la desaparición del menor, de entonces seis años, que remeció al Chile de la dictadura durante los 11 días que se extendió su búsqueda, la que culminó a primera hora del 14 de junio, con el anuncio de que los restos del menor habían sido encontrados a 45 centímetros de profundidad, en el mismo patio aledaño a la casa de su abuela, donde había desaparecido, y el que había sido recorrido decenas de veces, incluso con perros (ver interactivo con cronología del operativo).
Cualquiera podría haber sido Rodrigo, fue el sentimiento que se apoderó de buena parte de la generación de quienes hoy bordean los 45 años.
Pero era un proceso personal, que implicaba dejarlo libre y, en cierta medida, cerrar una etapa.
Fue así que las cenizas de Rodrigo se lanzaron en el Cajón del Maipo. Fue una actividad fraterna, entre familiares y amigos, sin prensa. Una parte de ellas se reservó para lanzarlas en Chaitén, la ciudad a la que Paola junto a su hija Loreto se mudaron hace ya varios años.
Este lunes 3 de junio se cumplen 40 años de la desaparición de Rodrigo Anfruns. Una fecha que -a diferencia de algunos años - la familia recuerda sin muchas esperanzas de saber qué pasó con el menor.
Crecer sin mi hermano
Loreto Anfruns tenía cuatro años cuando se perdió todo rastro de su hermano aquella tarde de domingo en la casa de sus abuelos. Quizás como mecanismo de defensa, Loreto bloqueó buena parte de esos recuerdos. ¿Cómo era Rodrigo? Es algo que fue construyendo a partir de lo que le contaron sus padres. Que era un hermano protector, que le advertía que no hablara con extraños hasta los días en que jugaban y ella le rompía los bloques de Lego.
"Yo tengo algunas imágenes, pero imágenes empiezo a tener después, más grande, en situaciones que vivíamos con mi papá, que íbamos al cementerio, o ver triste a mi mamá. Ellos me explicaron que Rodrigo no estaba, que se había ido al cielo, pero de a poco fui descubriendo lo de lo que se trataba todo. Para mí era un hermano que no estaba, después un hermano que había muerto en ciertas circunstancias. Después, más grande, que lo habían matado", cuenta a T13 desde Chaitén.
Fue más tarde, cuando tenía 18 años, que decidió ir más allá. Loreto no quería revivir el recuerdo de sus padres, por lo que decidió ir a la Biblioteca Nacional y revisar los diarios de la época, los mismos con que se armaron la cronología del caso que acompaña esta nota. "Yo sabía que para ellos era súper difícil el tema", señala.
Luego, llegó a sus manos el libro "Una verdad pendiente", de la periodista Soledad Pino, el que plantea que Rodrigo habría sido secuestrado por agentes de la dictadura, en medio de una presunta disputa entre altas autoridades del régimen con un tío político de Rodrigo.
Esto, sumado al testimonio del carabinero Jorge Rodríguez, quien en 2003 provocó la reapertura del caso tras asegurar que había visto a agentes de la CNI depositar el cuerpo del menor en el sitio eriazo. El mismo que ellos habían revisado hasta el cansancio.
Loreto dice tener la "convicción de que Rodrigo fue uno más de los asesinados y torturados en la dictadura, pero entendiendo que no era algo particular ni contra mi mamá o mi papá; el año del golpe ellos ni siquiera estaban en Chile. Quizás hubo una equivocación frente a Rodrigo, pero que esa equivocación la manejaron como manejaban todo en esa época. Igual lo raptaron, lo torturaron y lo devolvieron muerto. Y hasta el día de hoy no se sabe nada".
"No veo cercana la verdad, y eso me parte el alma", dice, por su parte, José Pablo Peña Papi, quien es el hijo mayor del segundo matrimonio de Paola Papi.
José Pablo no conoció a Rodrigo -nació cuatro años después de su muerte- pero no hay día en que no lo recuerde. Incluso, en su casa cuenta con una especie de altar donde guarda algunos de los restos de las cenizas con que se cremó al menor tras su exhumación.
"Para mí, mi hermano no está muerto. Rodrigo vive en mi, vive en mi mamá, vive en mi hermana. ¿Cómo me lo imagino? No proyecto los muertos, entonces lo veo todavía como un niño, como las imágenes que conozco. A mi hermano lo mataron en el 79, y yo nací el 83. Lo veo como un angelito, como una imagen linda, como una cosa positiva", señala a T13.
El hermano de Rodrigo es crítico del rol de la justicia: "Yo no quería que se reabriera el caso, porque yo sabía que no se iba a llegar a la verdad, y sé que iba a ser una herida enorme para la familia".
"Existen una serie de testimonios e informes de médicos forenses, tanatólogos, y un sinfín de cosas más, pero qué ha hecho el poder judicial: cerrar el caso", enfatiza.
A diferencia de otras veces, Paola Papi decidió no dar entrevistas a propósito de la conmemoración de los 40 años de su muerte. "Ella no ha dado entrevistas en esos días no porque no quiera sino que porque está un poco más bajada de ánimo; ella no es una persona depresiva, ni que odie, ni nada, pero sí está cansada, con menos fuerza. La veo agotada, pero todavía con esperanza de llegar a una verdad", comenta José Pablo.
Vuelcos, cierres y reaperturas
A solo horas del anuncio del hallazgo del cuerpo de Rodrigo, en 1979, el director de Investigaciones, Ernesto Baeza, realiza un punto de prensa en que informó de la detención de un menor de 16 años.
“El muchacho confesó de plano su intervención en la muerte de Rodrigo. En su relato a detectives de la Brigada de Homicidios argumentó que asfixió al niño, no sin antes jugar con él”, afirmó Baeza.
Las iniciales del menor -P.P.V.- se toman las portadas de los diarios, donde se le describe como un "niño problema". Otro artículos recogen testimonios de compañeros de escuela, quienes aseguran que habría dicho que tenía "escondido al niño perdido". Pero que nadie le creyó.
El ministro en visita designado para la causa, Ricardo Gálvez Blanco, fue el encargado de tomar declaraciones al menor, para determinar si actuó con discernimiento. P.P.V sufre amenazas al interior del recinto donde se encuentra recluido.
En tanto, la autopsia del menor descarta abusos sexuales y señala que recibió golpes incluso después de haber fallecido. Sin embargo, uno de los temas más controversiales será la data de muerte, que se fija 11 días antes de ser encontrado. O sea, a horas de su desaparición.
Es cosa de días para que surjan las primeras dudas. Expertos de la época consultados por La Tercera cuestionan que el menor haya fallecido 11 días antes de ser encontrado. Señalan que, de ser así, el hígado habría perdido su forma y presentaría un avanzado estado de descomposición. En cambio, el documento señala que este órgano se encuentra intacto. Del mismo modo, al estar el cuerpo en “estado de putrefacción inicial” la fecha de muerte no podría ser mayor a seis días. Junto con esto, plantean sus dudas por la ausencia de moscas, ratones o perros en el lugar.
Otro punto que genera dudas es que los perros policiales no hayan detectado algo durante sus labores de rastreo. Según se explicó, una mata de palqui (hierba medicinal) y otros perros habrían afectado su olfato. Sin embargo, el día del hallazgo ninguno de esos motivos fue obstáculo para que se encontrara el cuerpo en solo minutos.
En 1982 el juez Ricardo Gálvez Blanco decreta el cierre de la causa, tras sobreseer al menor P.P.V, a quien se le declara sin discernimiento.
Tuvieron que pasar 21 años para que un caso que estaba cerrado para la justicia tomara un vuelco.
Un reportaje de Informe Especial, de TVN, emite el testimonio del oficial en retiro Jorge Rodríguez Márquez, quien asegura que vio a agentes de la CNI sacando el cuerpo de Rodrigo de un automóvil, para luego ingresarlo al sitio eriazo donde horas después sería encontrado.
El relato motiva una solicitud de reapertura del caso, presentada por el abogado Roberto Celedón, quien asume la defensa de la familia. En su requerimiento, apunta a que sería un delito de lesa humanidad. El expediente del caso, sin embargo, había desaparecido en 1998, lo que obligó a reconstruirlo por partes.
Tras esto, se solicita realizar una serie de diligencias, entre ellas nuevas declaraciones y careos. En paralelo, un informe del tanatólogo Luis Ravanal cuestiona la versión oficial del caso, señalando que -producto de la ausencia de putrefacción en el cuerpo del menor y la rigidez con que se encontraba- su data de muerte habría ocurrido entre 36 a 48 horas antes de que fuera encontrado, y no 11 días como se dijo durante la dictadura.
El abogado Roberto Celedón explica que "cuando se presentó la querella el 2004, entre los antecedentes de prueba, de los que no se investigó por parte del ministro Gálvez, se pidió un informe internacional que lo hizo un destacado forense español, el doctor Aurelio Luna, y el determinó que la data de muerte del niño no era superior a 48 horas. Eso significaba que el niño no había muerto el domingo 3 de junio, el día que desapareció, sino que a lo más el martes 12 de junio, dos días antes de que se encontrara su cuerpo en el sitio eriazo detrás de la casa de los abuelos".
"Eso necesariamente nos llevaba al hecho de dónde permaneció el niño entre el 3 de junio y el 14 de junio, si había fallecido solo 36 a 48 horas antes del hallazgo del cuerpo", agrega.
En este sentido, recuerda que "la familia nunca creyó que el responsable de la desaparición fuera P.P.V., la familia siempre tuvo la certeza de que se trataba de la actuación de agentes del Estado, pero nunca se tuvo un testimonio y el 2004 lo hubo, y ese testimonio de alguien que estuvo presencialmente y que pudo ver el cuerpo del niño -según lo declara- generó plena convicción de que había un elemento que permitía asignar responsabilidades y que se investigara la responsabilidad que cupo en agentes del Estado".
Sin embargo, a fines de 2006, la entonces ministra en visita Dobra Lusic comunica el cierre de la causa. Según afirma, "no fue posible" determinar la participación de agentes del Estado o terceras personas en el crimen, y que el testimonio de Rodríguez no pudo ser corroborado por otras personas.
Pero solo unos meses después, la Corte de Apelaciones de Santiago ordena una nueva reapertura, a raíz de una solicitud de nuevas diligencias requeridas por la defensa de Paola Papi. La ministra Lusic se inhabilita, por lo cual la indagatoria pasa a manos de Manuel Valderrama.
En 2011 Valderrama -hoy integrante de la Corte Suprema- decreta una diligencia clave: la exhumación del cuerpo del menor, que se encontraba sepultado en el Cementerio General. En representación de la familia asistió José Pablo Peña, hermano menor de Rodrigo, además de Mario Papi, tío del menor asesinado en 1979. La madre de Rodrigo decidió no asistir, señalando que se trataba de algo demasiado fuerte, y que tenía pocas expectativas de lo que la diligencia pudiera arrojar.
Fue el 4 de diciembre de 2013 que se conocieron los resultados del análisis forense, que estuvo a cargo de la toxicóloga Laura Borgel. La especialista descartó torturas y aseguró que el menor habría estado cinco días agónico en el lugar donde se encontraron sus restos. ¿Por qué los perros no lograron encontrar el cuerpo?
"De acuerdo a las fotos en el lugar, el niño apareció semi enterrado rodeado de una maleza de nombre Palqui, que produce un olor, y la explicación que se da es que los perros que estaban recién adiestrándose en la búsqueda de personas desaparecidas no llegaron a ese lugar por el olor que expele esta planta. Una de las explicaciones es esa: faltó acuciosidad en ese momento de la policía de rastrear como corresponde, yo diría que faltó acuciosidad viéndolo desde la perspectiva de estos años", señala Valderrama a T13.cl.
El informe contradecía lo planteado en 2011 por un informe realizado por la doctora Carmen Cerda, del departamento legal de la Universidad de Chile, que aseguraba que el menor había sido sometido a apremios ilegítimos, y que -a partir del análisis de imágenes del lugar e informes de la época- era "razonable" descartar una data de muerte de 11 días. Su estimación, en cambio, planteaba una data de muerte de no más de 2 a 3 días desde que se encontró su cadáver.
Por otro lado, sostenía el informe, la ausencia de larvas, moscas u otros insectos, había imposible pensar que hubiera estado 11 días en el sitio eriazo.
¿En qué está el caso?
"La causa en este momento está en la etapa de sobreseimiento temporal de la investigación", explica Manuel Valderrama a este medio.
El actual integrante de la Corte Suprema detalla que "durante el tiempo en que la causa estuvo en mi poder se investigó si se cambiaba la verdad que había sido sostenida en la primitiva investigación. Esto es si en su época en que el niño de iniciales P.P.V había sido el autor de la muerte de Rodrigo, y por lo tanto se reabrió para ver si habían otros hechos o autores que habían producido la muerte del niño".
"Se investigó, se interrogó a muchas personas e inclusive se encontró el expediente original que había desaparecido, y además se dieron lugar a todas las diligencias que pidió la parte de la familia y no se llegó a otra verdad respecto de la muerte de Rodrigo. Y por lo tanto, procedí a sobreseer la causa temporalmente, y esto significa que si llegasen a aparecer nuevos antecedentes, se puede reabrir la causa, se puede hacer las investigaciones, pero por supuesto que con otro juez", detalla.
Consultado sobre la sensación de la familia, que señala que no se ha hecho justicia, y respecto de que P.P.V sería inocente de un crimen cometido por organismos de seguridad de la dictadura, Valderrama es enfático: "Desde el punto de vista como persona, como papá, es comprensible el dolor que tiene la familia respecto de la muerte de un niño".
"Desde el punto de vista de un juez, uno tiene que investigar lo más acuciosamente posible, utilizando todos los medios que el estado proporciona para lograr determinar quién fue el autor de esa muerte, de ese homicidio, y de acuerdo con los antecedentes primitivos del expediente original en que el joven P.P.V. confiesa el crimen y de ahí que se mande al juzgado de menores de esa época, en que es declarado sin discernimiento, se remiten los antecedentes a la justicia de menores, y la causa criminal se sobresee. Una vez reabierta la causa se hacen todas las diligencias encaminadas a desvirtuar este hecho de que el P.P.V había sido el autor material de la muerte de Rodrigo. Se hacen todas las diligencias y ninguna de estas da un resultado que desvirtúe el hecho de que P.P.V fue el autor de la muerte. Y si uno habla de la verdad procesal, ahí está", responde.
El abogado Roberto Celedón rechaza la postura de la justicia: "Este joven de 16 años es imposible que lo haya tenido durante 10 días, bajo su cuidado. El seguía asistiendo al colegio, viviendo en su casa. El tenía cero condiciones para tener secuestrado a un niño, que desde el primer instante provoca el interés de todo el país, todo un país conmovido por el secuestro de un niño de seis años".
"Solo lo podía tener una organización y la única organización que a la fecha se conocía y que tenían experiencia en secuestros son los aparatos de seguridad en tiempos de dictadura", insiste.
Y es que según el abogado, "de los antecedentes que se lograron establecer la versión más próxima es que hubo algún conflicto de intereses entre investigaciones y agentes de seguridad".
"Sin duda que es muy importante que el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, establezca la verdad de los hechos, peor en la conciencia colectiva de nuestra sociedad, no tiene la menor duda que el niño fue víctima de la acción delictiva de agentes de Estado, como cientos de miles de casos en el Chile de esa época", finaliza.
