Unos dicen que es "decorativa", "inservible". Otros destacan su valor simbólico, político.
La sesión extraordinaria de este domingo en la Asamblea de Venezuela, en la que se propuso iniciar un "juicio político" al presidente Nicolás Maduro, fue interrumpida por la entrada al hemiciclo de decenas de simpatizantes del gobierno.
Esta escena fue un reflejo más de la confusa situación en la que se encuentra el parlamento.
Desde que la oposición obtuviera la mayoría en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional se ha convertido en escenario de la lucha de poderes en Venezuela: el ejecutivo y el judicial contra el legislativo.
Este domingo el parlamento aprobó un acuerdo que declara "la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro".
Con todo, las duras palabras contra el mandatario tienen importancia por su carácter político, simbólico, pero no tendrán efectos jurídicos.
Lo mismo ocurrirá este martes, cuando en otra sesión se analizará la "situación constitucional de la presidencia", lo que el diputado opositor Julio Borges calificó como "juicio político".
Pero no se puede esperar un impeachment como el que le costó el cargo a la presidenta Dilma Rousseff recientemente en Brasil.
"La Constitución de Venezuela no regula no regula como en Brasil un juicio político que lleve a la destitución, no tiene consecuencias jurídicas inmediatas", explicó a BBC Mundo el profesor de Derecho José Ignacio Hernández, experto constitucionalista.
El poder de la Asamblea en la batalla política que se libra actualmente en Venezuela entre gobierno y oposición es limitado.
Las cifras
Los números ponen de manifiesto la escasa relevancia que tiene actualmente el legislativo, pese a que fue elegido en diciembre de 2015 por 14 millones de venezolanos.
Según los datos de la propia Asamblea, de los diez textos de ley sancionados este año, seis han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), uno se ha dejado a discreción del Ejecutivo su promulgación, uno fue promulgado y dos están a la espera de decisión.
"En un año se han anulado más leyes que en 200 años", dijo al portal Prodavinci el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo.
La única norma firmada por el presidente y publicada es la de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.
En total, desde enero ha habido 27 sentencias del TSJ en contra del trabajo del legislativo.
El propio TSJ validó recientemente que, en contra de lo que dicta la Constitución, el Ejecutivo no presentara el presupuesto de 2017 ante la Asamblea y que la aprobación quedara en manos de la máxima autoridad judicial.
"Anulada"
"La Asamblea ya fue anulada", le dice a BBC Mundo el profesor de Derecho José Ignacio Hernández, que se refiere a la sentencia del TSJ del 1º de agosto.
En ella declaró en desacato (desobediencia) a la Asamblea y adelantó que serían consideradas nulas todas sus decisiones por sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya elección en diciembre de 2015 está bajo suspensión cautelar por presuntas irregularidades.
"La irregular conformación de tres de los 169 diputados no permite invalidar a toda la Asamblea", opina por su parte José Ignacio Hernández, contrario a la decisión del TSJ.
Los oficialistas, en cambio, celebran las sentencias del máximo tribunal.
"Para qué ha servido la Asamblea Nacional a los ciudadanos. Para nada. Es inservible", dijo el domingo Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, minoritaria en la Asamblea.
Rodríguez culpa a los opositores de la situación en la que se encuentra el parlamento.
El experto constitucionalista Jesús Silva igualmente cree que la Asamblea "en la práctica se autodisolvió" y considera que hay un plan de la oposición para utilizar el parlamento como una "tribuna para fomentar un caos institucional y de alguna manera asaltar el poder presidencial del país", según le asegura a BBC Mundo.
"El resto de los poderes públicos han reaccionado contra los ataques de esta Asamblea, que ha intentado un golpe parlamentario contra el Estado de Derecho en Venezuela", asegura Silva.
"Es un estamento totalmentedecorativo en el país", añade.
Ni legislar ni controlar
No coincide con Silva ni con Rodríguez la diputada opositora Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de política interior de la Asamblea.
Para ella, el ejecutivo ha vaciado de contenido a la Asamblea.
"El gobierno ha decidido que no podemos legislar y no podemos controlar (al Ejecutivo)", le dice a BBC Mundo Solórzano sobre las principales funciones de cualquier parlamento. Ningún ministro de su área ha acudido a la comisión que ella preside en diez meses, afirma.
Pese a todos los obstáculos y a que la labor del parlamento no tenga mucho efecto real, la diputada cree que el trabajo al final será útil: "Estamos sentando las bases para el futuro del país".
