Las fuerzas federales de México anunciaron este viernes (22.01.2016) la detención de tres presuntos miembros del cartel Guerrero Unidos en Iguala, quienes estarían involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según información de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se trata de Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada. No se especificó la fecha de la captura.

Renato Sales, titular de la CNS, sostuvo que los sospechosos fueron detenidos en el marco de las labores de “identificación, localización y detención de los autores materiales e intelectuales” de la tragedia ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Los dos primeros “habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala (Guerrero)”, dijo Sales, quien agregó que Cruz estaría “presumiblemente” a cargo del armamento del grupo delictivo.

El tercero estaría involucrado en el asesinato de Julio César Mondragón, “según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo”, alias “el Gil”, quien se encuentra actualmente sujeto a proceso por su participación en la desaparición. Mondragón es una de las seis personas que fueron asesinadas en una persecución policial que precedió a la desaparición de los 43. Su cuerpo apareció tirado en la calle con el rostro desfigurado y sin los ojos.

Imputación clara

Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, encargada de la investigación. “La imputación fue suficientemente clara como para proceder a la captura de estos sujetos”, dijo Sales. “Con estas detenciones redondeamos la cifra de 113 detenidos vinculados con los lamentables hechos”, agregó. Otros 18 han sido acusados pero están prófugos, entre ellos el ex jefe de policía de la ciudad de Iguala, Felipe Flores.

Según la versión oficial de lo ocurrido esa noche, 43 jóvenes fueron retenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula. Esa versión fue cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado. Actualmente, una unidad especial de la fiscalía mexicana analiza otras líneas de investigación para hallar la verdad sobre lo ocurrido.

DZC (Reuters, EFE, dpa)

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