Al tiempo que ubica a los 23.000 arrestados tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio en las ya abarrotadas cárceles del país, el gobierno turco anunció el miércoles la inminente liberación de 38.000 presos.
A ella se podrán acoger prisioneros comunes que hayan cumplido la mitad de su condena—no las dos terceras partes, como era condición hasta ahora para solicitar tal beneficio penitenciario—.
Lo podrán hacer siempre que no estén presos por asesinato o por violación, aclaró el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdağ.
Y aunque las autoridades no lo argumentaron así, muchos aseguran que la decisión se debe a la necesidad de hacer sitio a los recién llegados.
"Está claro que las medidas drásticas tomadas tras el intento de golpe han llevado al servicio de prisiones hasta el límite de sus capacidades y se necesita más espacio con urgencia", dice Mark Lowen, el corresponsal de la BBC en Estambul.
Un mes ha pasado ya desde aquella madrugada en la que, durante algunas horas,cientos de militares sublevados tomaron las calles de la capital Ankara y de la ciudad más poblada y visitada del país, Estambul.
El intento de levantamiento terminó con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan recuperando el control y más de 265 muertos, según cifras oficiales.
Pero la normalidad no ha vuelto al país.
"Purgas" diarias
"Hay purgas todos los días", explica Murat Nisancioglu, editor del servicio turco de la BBC.
Como consecuencia de éstas, unas 82.000 personas han sido retiradas de sus cargos, acusadas de estar vinculadas a Fetullah Gülen, el clérigo turco autoexiliado en Estados Unidos y al que Erdogan culpa de la sublevación del 15 de julio, aunque él lo niega.
La "depuración" ha afectado sobre todo a las fuerzas armadas.
"Tanto, que ahora Turquía tiene más aviones de guerra que pilotos", dice Enis Senerdem, del servicio turco de la BBC.
"De hecho, se va a empezar un proceso de reclutamiento no sólo de pilotos, sino también de soldados y policías; un total de 38.000", informa.
Y es que a los suspendidos se les suman los casi 3.000 miembros del ejército arrestados tras el golpe, tal como anunció el primer ministro Binali Yildirim el 16 de julio.
Los detenidos son soldados de todo rango y al menos 34 generales y almirantes.
Entre ellos están el general de división Cahit Bakir, quien comandó las fuerzas turcas de la OTAN en Afganistán y Bekir Ercan Van, el comandante de la base aérea de Incirlik, la que EE.UU. utiliza para atacar desde el aire al grupo autodenominado Estado Islámico.
Jueces suspendidos, universidades cerradas
Pero dichas medidas también han tenido consecuencias en otros sectores que no son el ejército.
Turquía ha visto suprimido en un 36% el número de jueces: el 16 de julio suspendieron a 2.745 jueces, incluidos miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado, y ordenaron su detención.
También han sido retirados de sus cargos 614 jefes de policía, 7.899 agentes, 47 gobernadores de distrito y 30 gobernadores regionales.
Son todas cifras oficiales, anunciadas en su momento por las autoridades turcas.
De la misma manera, para el 19 de julio, la cifra de empleados del sector público suspendidos había alcanzado los 49.321.
La mayoría pertenecen al Ministerio Nacional de Educación: 15.200 maestros.
Asimismo, 1.043 escuelas privadas y 15 universidades han vistos cerrar sus puertas desde el primer decreto de emergencia aprobado por Erdogan el 23 de julio, además de 1.229 organizaciones no gubernamentales y fundaciones.
Y tras aprobarse el segundo decreto, el 27 de julio, se cerraron en Turquía 16 canales de televisión, 23 estaciones de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales.
"Algunos son nacionales y otros locales", aclara Murat Nisancioglu, editor del servicio turco de la BBC.
Y según informan medios turcos, para el 30 de julio las autoridades habían revocado 50.000 pasaportes.
Etiqueta de "gülenista"
"No se trata de una purga", rechaza Ravza Kavakci Kan, diputada por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo.
Y lo dice aunque el propio Erdogán prometiera erradicar el "virus" de todas las instituciones del Estado.
"Somos muy transparentes. Existen pruebas para haber detenido a aquellos que han sido arrestados y están siendo investigados", le dice a Mark Lowen, corresponsal de la BBC en Estambul.
"Los que no sean parte de esto (del intento de golpe de Estado y colaboradores de Gülen) pronto quedarán libres".
Sin embargo, varios sectores denuncian queel gobierno está utilizando la etiqueta de "gülenista" para tomar medidas contra activistas y opositores al régimen de Erdogan y a la "nueva Turquía" que éste proyecta.
En ese sentido, el sindicato de actores ha hecho público un comunicado que alerta de una "caza de brujas contra influyentes intelectuales, periodistas, artistas, escritores y actores que no tienen nada que ver con Feto", tal como se conoce a Fetullah Gülen.
Arda Aydin es uno de los seis actores que están siendo investigados.
"Hemos sido probablemente suspendidos por oponernos al gobierno en los últimos años, pero es de risa que nos digan que somos gülenistas", le dice a la BBC.
"Los que nos señalan así lo que quieren es acallar nuestra voz", exclama.
"Creen que estamos asustados, pero la oposición nunca podrá ser silenciada".
Por su parte, el 25 de julio el presidente turco convocó a reunión a los líderes de dos de los tres partidos de la oposición parlamentaria. No fue invitado Selahattin Demirtas, líder del partido izquierdista y prokurdo HDP.
"La nación ya dejó de lado las diferencias políticas para salir a las plazas" contra los golpistas, dijo Erdogan en aquella junta, según informó el portavoz presidencial Ibrahim Kalin al diario turco Aksam.
Allí subrayó "la importancia del espíritu de unidad y fraternidad", en una Turquía que parece más bien dividida.
