Contexto. Esta semana, el Contralor Jorge Bermúdez expuso ante la comisión investigadora del Caso Convenios el documento “Presentación de la Contraloría ante la Comisión Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la transferencia de fon dos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu”. Allí, Bermúdez presentó al menos 10 graves debilidades en el diseño institucional en materia de transferencias a fundaciones, entre las cuales se encuentra la “ausencia de control político, de mérito o conveniencia de los proyectos que se financian por vía de transferencia”.
Reflotar acusación constitucional. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al caso en el programa Mesa Central de Canal 13, así como a la entrevista a La Tercera de la diputada Catalina Pérez, quien señaló que informó de la denuncia de irregularidades en el caso Democracia Viva a su partido y a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a principios de junio.
“Las palabras de la diputada Pérez reflejan lo que todos los chilenos sentimos: Acá hay un nivel de corrupción generalizado. Ella lo plantea desde la perspectiva que ‘me lo escondieron a mí, cómo fui tan ingenua’. Pero, a una persona tan involucrada en ese partido político en donde está concentrado el problema, me cuesta creerle”, señaló Squella en T13
“El tema relevante, más allá de la diputada Pérez, es cómo sistemáticamente se estaba haciendo lo mismo en prácticamente todas las reparticiones regionales del ministerio de Vivienda (…) Lo que vemos el resto de los chilenos es una delincuencia organizada”, agregó.
En este sentido, Squella señaló que, en relación al ministro de Vivienda, Carlos Montes, los parlamentarios republicanos están recabando los antecedentes y que “por supuesto que con el insumo del informe de Contraloría se reflota la idea de la acusación constitucional, que me parece increíble, si lo que debería haber hecho el gobierno de inmediato es sacarlo”.
Pedidos de renuncia de la oposición a Montes. Tras la presentación del Contralor, José Miguel Castro, diputado RN y presidente de comisión del caso Convenios señaló, en referencia al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que “es impresentable que a un ministro de Estado se le pasen 15 regiones, eso quiere decir que no ha tenido un buen manejo de parte de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política”, agregando que analizarán como bancada “pedirle al Presidente de la República que lo retire de su cargo, hasta una acusación constitucional, pasando por una interpelación”.
Por su parte, Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados UDI, señaló que “es indispensable que, a la brevedad posible, renuncie a su cargo el ministro Carlos Montes, la directora de Presupuestos (Javiera Martínez), el señor Miguel Crispi (jefe del Segundo Piso) y todos los seremis Minvu del país”, mientras que Agustín Romero, jefe de bancada del Partido Republicano en la Cámata Baja señaló que “la continuidad del ministro Montes en su cargo es insostenible debido a su presunta falta de control y gestión en el Minvu”.
Defensa a Montes. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) , consultado en Radio Concierto por la permanencia de Montes, dijo que “los ministros no son jefes de servicios. Esa es labor de los subsecretarios. Las decisiones administrativas están radicadas ahí”. En el PS, el partido de Montes, creen que los costos políticos del caso Convenios ya fueron pagaron con las salidas de la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, y con la renuncia de Giorgio Jackson, ambos de RD. Otros, en tanto, opinan en privado que pedirle la renuncia a Montes sería agudizar el problema.
