En los últimos años, seguir el debate nacional en lo relativo a libre comercio o protección internacional a las inversiones (áreas que suelen tratarse como una, siendo muy distintas) genera triste perplejidad. El conocimiento real de estas especialidades es escaso aún entre abogados, politólogos, economistas y diplomáticos generalistas o provenientes de otras áreas. Muy pocos conocen por dentro las negociaciones en estas materias específicas, o cómo opera en la práctica la solución de estas controversias; pero eso no detiene a la opinología nacional. La pachorra e irreflexión de las redes lleva a asimilar expertise con vacuas interpelaciones tuiteras, o a equiparar experiencia con la falsa erudición que subraya obviedades como si fueran grandes hallazgos.
La demagogia, el narcisismo y la imprudencia contribuyen a confundir y atizan tergiversaciones, que de tanto repetirse comienzan a tomarse por verdades, ante una prensa distraída o enredada. La retórica neosoberanista (la hay de derecha y de izquierda, y se parecen) va así ganando espacios, hasta que un día, sorprende electoralmente.
Un país como el nuestro debiera frotarse los ojos y tomar un café bien cargado antes que un gobierno -del signo que sea- ejecute un divorcio -en el área que sea- de políticas de Estado, mantenidas por décadas (nuestro referéndum constitucional fue, en parte, ese café). Y luego, antes de dar otro paso importante, buscar asesorías técnicas sólidas, y revisar la práctica internacional relevante.
Esa práctica, en el área RRRE, incluye el Brexit.
La visión de un país a merced de malévolos entes supranacionales, con un Estado desprovisto de poder regulatorio sustantivo pasó -a punta de fake news – de marginal a mainstream en la última década en Reino Unido. Pintar al partido gobernante como rehabilitador de la soberanía funcionó como estrategia electoral, hasta que un día cuajó la idea de zanjar la cuestión en una consulta popular no vinculante. Tan evidentes se consideraron los beneficios de la integración para una economía abierta y dinámica, que apenas se explicaron a la ciudadanía. ¿Resultado? A seis años de esa consulta, la mayor “soberanía” obtenida ha causado un daño económico sustantivo.
Salvando las distancias, en la discusión nacional sobre el CP TPP (TPP11 es un nombre desfasado) hay elementos que evocan un panorama brexitero:
- Un grupo de políticos que romantizó el proteccionismo de la era pre-globalización, y lo adopta como rasgo identitario;
- Un grupo político adicional que se sube tardíamente al carro anterior, para mantener vigencia; y
- Un tercer grupo dedicado a la propaganda a tiempo completo, encargado de difundir la historia de cómo siniestros tratados han hecho del país no el más moderno de la región -como indican los rankings- sino uno oprimido, que ahora puede y debe exigir a socios e instituciones internacionales el trato respetuoso que nunca habría recibido.
Éste es el escenario que ha precedido en Chile la probable aprobación parlamentaria del CPTPP, un tratado que a cuatro años después de su entrada en vigor, encarna el “estándar dorado” (así lo llama Jacinda Ardern), de cómo el libre comercio y la inversión extranjera directa deben conducirse en la actualidad: con sello verde, pro derechos humanos, favorecedor de las PYMEs y el empleo femenino.
En el gobierno, sin duda los románticos tienen problemas. Su visión personal es minoritaria, y saben que hay que gobernar para una mayoría moderada; pero no logran deshacerse de su vieja polera anti TPP. Saben también que sus nuevos amigos Ardern y Trudeau, los progresistas más cool del planeta, no pueden ser, al mismo tiempo, valientes defensores del medio ambiente y los derechos laborales e indígenas, y adalides del abuso de esos mismos derechos vía CPTPP (que para ellos, es estupendo). ¿Cómo cuadrar el círculo?
Se gestan entonces estas side letters. Agotada la excusa del plebiscito constitucional para postergar la ratificación del acuerdo, se envían a nuestros socios en el tratado unas cartas que públicamente nadie conoce, en una estrategia dilatoria que nadie entiende muy bien, ya que el Subsecretario a cargo de la misma rehúye todas las entrevistas donde debería explicarla él mismo al país.
Debido a este notable silencio y a la ausencia de representantes de la cartera de RREE al comenzar el examen senatorial del tratado, otros Ministros proceden a informar que en estas cartas Chile pide a cada parte del acuerdo multilateral la exclusión de una sección del mismo (aquella sobre solución de controversias), a fin de “resguardar” del interés nacional. Un muy curioso resguardo, considerando:
- Que Chile tiene la red de tratados de libre comercio y promoción de inversiones más extensa del mundo, que ha sido fuente de amplio prestigio diplomático y económico para el país;
- Que todos los tratados de esa red contienen capítulos sobre mecanismos de solución de controversias similares a los del CP-TPP
- Que por ser reconocido Chile como un país amistoso hacia la inversión extranjera, esos mecanismos han tenido -hasta hoy- poco uso, y en él Chile ha resultado mayoritariamente vencedor.
Entonces ¿por qué Chile debe repentinamente comenzar a “resguardarse” de mecanismos que probadamente lo han favorecido?
Hay que agregar que un mecanismo para resolver disputas Estado-inversionista ante instancia internacional opera como una protección recíproca para inversionistas de lado y lado, y que sirve para compensar el riesgo político, sobre todo en países de tamaño pequeño o mediano (esta lógica no opera igual en países gigantescamente atractivos para la inversión o con riesgo político mínimo). En un acuerdo multilateral, este capítulo es parte de una compleja ecuación contractual a la que cada Estado Parte ha arribado luego de años de esfuerzo negociador para hacer calzar intereses y posibles concesiones de todos.
La segunda pregunta entonces es ¿por qué nuestras contrapartes deberían conceder al actual gobierno de Chile lo que tardíamente solicita, cuatro años después de que el tratado multilateral ya se aplica con éxito… y a cambio de qué?
Y finalmente, de aceptarse la solicitud por alguna contraparte ¿logra Chile algo real? Como en principio quedaría vigente la protección que ofrece el tratado bilateral que exista con cada parte, el efecto de las cartas en cuanto a evitar la aplicación del mecanismo de solución de controversias parece nulo.
Sin embargo, hay un problema de fondo. Estas cartas pretenden resguardar las facultades regulatorias del Estado; irónicamente, el texto que mejor hace esto es el tratado más reciente entre las partes (CPTPP), y no los bilaterales, de redacción antigua o muy antigua. Por lo tanto, para que todo esto tenga sentido real el verdadero y tácito propósito del gobierno debiera ser la revisión de todos los tratados ya ratificados por Chile. Una idea que recibió tanto rechazo durante la campaña presidencial que se la excluyó del programa de gobierno definitivo de la candidatura, lanzado tres semanas antes de la primera vuelta.
En síntesis: el Ejecutivo, al decidir retardar la promulgación y/o publicación de un tratado que a todas luces será aprobado por el Legislativo, se arroga un poder que no tiene (nulidad de derecho público) para salvar cara ante Chile sin TLC (su electorado minoritario). Lo hace intentando una negociación tardía donde perdemos cara ante nuestros socios. Adicionalmente, este gesto no tendrá efecto real aunque reciba alguna acogida bilateral, por adolecer de una incoherencia de fondo; cuya resolución, para un gobierno de minoría parlamentaria y que acaba de sufrir una gran derrota electoral, parece impracticable.
PS: En una segunda parte, el análisis de las mentiras sobre el CP TPP más repetidas por los propagandistas.
