Qué observar. El 24 de junio de 2022, apenas 11 días después de que la abogada Daniella Caldana Fulss (55) asumiera el cargo de auditora general de gobierno, autorizó el polémico instructivo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG) enviado a los auditores y auditoras de las reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar en el informe trimestral items como transferencias, cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros.
- En medio de las investigaciones por el caso convenios y los vacíos legales que permitieron el traspaso irregular de dinero a fundaciones, la noticia sobre el cambio de criterio en el reporte de auditorías, apuntó todas las miradas hacia Caldana como auditora general del gobierno, así como a la presidenta del CAIGG, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.
- También a las otras dos integrantes del consejo en esa fecha: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD) y la entonces subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza (RD).
- Además en el momento que se hizo la modificación, el ministro secretario general de la Presidencia, cartera de la que depende el CAIGG, era Giorgio Jackson (RD), quien renunció al gobierno el viernes pasado.
- De hecho en la reciente querella presentada por miembros del Partido Republicano contra Jackson se pide investigar la actuación del CAIGG.
La explicación del Caldana. A través de un comunicado, Daniella Caldana salió a precisar que la resolución cuestionada fue adoptada por ella misma: “La decisión técnica de no requerir la información sobre conciliaciones bancarias, transferencias, sumarios, estados financieros, entre otros, fue adoptada por mi persona”, indicó.
- El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reforzó que la decisión fue de Caldana y no del consejo y sus otros miembros. E incluso agregó que el Consejo de Auditoría Interna no se ha reunido.
- Marcel de paso criticó el sistema de auditorías: “Nuestro sistema de auditoría interna es demasiado débil institucionalmente, no tiene marco legal que lo regule (…) Si queremos que la auditoría haga su pega construyamos una con todas las facultades que correspondan”.
- La auditora general de gobierno se encuentra estos días dedicada a preparar su presentación ante el muy probable caso que sea citada por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el marco del caso convenios y está reuniendo los antecedentes para justificar su decisión de cambiar el criterio del reporte de auditorías.
- En su entorno señalan que se encuentra muy afectada por los cuestionamientos que ha recibido y ha comentado en privado que no tiene espaldas políticas para enfrentar esta crisis.
- En su comunicado Caldana señaló que el recabar información financiera contable se escapa del rol del consejo de auditoría. También dijo que los datos de los reportes no hubieran permitido detectar las irregularidades de transferencias conocidas en el caso convenios.
- Fuentes de gobierno señalan que en sus primeros días al llegar al cargo recibió numerosos llamados de auditores de distintas reparticiones que le pedían terminar con el reporte de registros de transferencias ya que no era eficiente y demandaba demasiado tiempo de trabajo que podía dedicarse a auditorías más útiles en terreno.
- Como ella misma había sido recién auditora de Interior, creía que los registros contables al ser tan generales no eran una herramienta efectiva para detectar irregularidades en proyectos específicos.
- De hecho, uno de los argumentos que prepara en su defensa es un estudio para demostrar que tras el cambio de criterio aumentaron hasta en un 20% las auditorías en terreno, gracias al menor tiempo dedicado por los auditores a completar los informes contables.
- Señalan que a partir de ahora se pedirá en los reportes de los auditores datos más efectivos para detectar problemas como identificación de los beneficiarios, licitación o trato directo, tipos de pago, fechas, etc.
Perfil técnico, cargo político. Daniella Caldana no es militante de ningún partido, pero es afín al oficialismo. De hecho su cargo es de confianza política: ya había sido auditora general en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde fue cercana a la exsubsecretaría general de la Presidencia, Patricia Silva (PS). Dejó el cargo durante los cuatros años de mandato de Sebastián Piñera, y volvió a desempeñarlo con Gabriel Boric.
- Nació en 1968 en Santiago. Estudió derecho en la Universidad Diego Portales y juró ante la Corte Suprema en 1993. Tiene un magíster en contabilidad en la Universidad de Santiago
- Comenzó su carrera en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), donde llegó a ser abogada de auditoría. Fue una prueba de fuego ya que la repartición enfrentó casos de irregularidades.
- En 2005 dio el salto a la Unidad de Estudios del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. En 2014 asumió como primera mujer auditora general de gobierno.
- Ejerció en Audit & Consulting Ltda, en el sector privado. Paralelamente fue supervisora de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. También ha sido académica en diversas universidades.
- Registra numerosas certificaciones nacionales e internacionales como auditora. Entre éstas la que recibió en 2017 de la Open Compliance and Ethic Group.
Los puntos ciegos del CAIGG. En junio, tras el estallido del caso convenios, 200 auditores del Estado fueron citados a una reunión en el salón principal del edificio Bicentenario en Teatinos 92, donde funciona el Consejo de Auditoría Interna. El encuentro fue encabezado por la subsecretaria Macarena Lobos y por Daniella Caldana. Allí se abordaron los lineamientos generales y dudas sobre la nueva estrategia de la repartición y los objetivos gubernamentales de auditoría para el período 2023-2026 y la orden de auditoría al 100% de las reparticiones que realizan transferencias.
- Tal como señaló el ministro Marcel, el CAIGG es considerado “débil institucionalmente” ya que está creado por decreto supremo y no por una legislación que lo regule y le de mayores atribuciones.
- De partida, no realiza auditorías. Lo que es una limitante.
- El organismo donde trabajan 41 personas elabora documentos técnicos, hace talleres de capacitación, participa en seminarios sobre ética y probidad, elabora instructivos en mantención de sistemas de control interno, conoce los planes de auditoría de los servicios públicos y presta asesoría al Presidente en materias de auditoría, control interno y probidad administrativa.
- Sin embargo, sólo puede hacer sugerencias a los auditores. “Si un servicio público no quiere responder, no responde”, dicen.
- No hay publicadas en el sitio web del Consejo actas de sus sesiones, ya que según Marcel no se ha reunido como tal. No obstante Daniella Caldana y la presidenta del CAIGG Macarena Lobos mantienen una comunicación constante sobre diversos temas de la entidad.
- El gobierno envió a toma de razón de Contraloría dos nuevos integrantes para completar los cupos faltantes en el consejo: la académica especializada en auditoría Isabel Torres y el experto en materia financiera Fernando Lois.
