Tres nuevos proyectos de la agenda de probidad firmó esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda.
Con esto, la Mandataria cumple 16 de las 22 iniciativas legales comprometidas dentro de la agenda de probidad y transparencia. Hasta el momento no hay contempladas nuevas firmas de proyectos, por lo que nuevamente no se cumpliría el plazo autoimpuesto, que ya fue postergado la semana pasada.
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Los proyectos apuntan a fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública, nuevas responsabilidades en los agentes de mercados y medidas de transparencia en los procesos de cambios de uso de suelo. Este último tema cobró relevancia tras las acusaciones de información privilegiada en el Caso Caval, como se conoce el polémico negocio inmobiliario de la firma de la nuera de la Presidenta.
"Hemos adoptado un conjunto de medidas administrativas, presentado proyectos de ley y promulgado leyes que elevan el estándar de funcionamiento que buscamos tanto para el sector privado como para el sector público y es en ese mismo empeño que hoy vamos a firmar tres proyectos de ley que inciden en el mecanismo de contratación de directivos por parte del Estado y en el desarrollo de actividades económicas por parte de privados, incluyendo el funcionamiento del mercado inmobiliario", destacó Bachelet.
Cambios en el sistema de ADP
Bachelet remarcó que a 12 años del debut de la Alta Dirección Pública, "se han identificado debilidades en el sistema que deben ser perfeccionados".
"Hoy proponemos mejorar los mecanismos para atraer a los y las mejores al Servicio público y que el cese de funciones dependa más que de las variables políticas de las capacidades de gestión de las personas nombradas, así como del cumplimiento de sus convenios de desempeño", remarcó.
Las medidas apuntan a estos ejes:
- Dotar de nuevas atribuciones a la Dirección Nacional de Servicio Civil, que podrá impartir directrices en materia de gestión de Recursos Humanos. Del mismo modo deberá rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema.
- Se ampliarán a más de mil cargos en el sistema de ADP, y 120 servicios públicos, que corresponden aproximadamente al 88% del total de servicios dependientes de los ministerios. Por ejemplo, se incorpora el Sename, el Injuv, entre otras reparticiones.
- Se buscará eliminar la figura de los directivos provisionales transitoriios: En caso de vacancia, sus funciones serán ejercidas por el subrogante legal mientras se realice el concurso de nombramiento.
- Ley faculta a futuros presidentes a nombrar durante los primeros tres meses de gobierno hasta 15 cargos de primer nivel jerárquicos, los que deberán llenarse por ADP y podrán durar el periodo de gobierno.
Mayor transparencia en cambios de uso de suelo
Según detalló el gobierno, el proyecto de ley busca aumentar las instancias de participación ciudadana durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores, elevar la publicidad de los diferentes hitos en su proceso de diseño y promover que las normas de los planos reguladores sean de fácil comprensión.
De esta forma, se propone:
- Aumento en la transparencia y participación durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores.
- Se buscará mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se determina la contribución que corresponde frente a cambios en el uso de suelos por la vía del impuesto territorial.
- Se establecerá un impuesto que permita que el Estado capture una mayor parte del incremento de valor producido por las modificaciones de los Planos Reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano.
Nuevas exigencias para los agentes de los mercados
La Mandataria firmó modificaciones a la ley N°18.045 de Mercado de Valores y a la ley N°18.046 de Sociedades Anónimas.
La idea es contar con un marco regulatorio más eficaz en sancionar conductas abusivas; reforzar el rol que compete a la Superintendencia de Valores y Seguros; y generar una mayor protección a los accionistas minoritarios.
Para esto se propone:
- Penalizar la entrega de información maliciosamente falsa por parte de los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública al directorio, o a los órganos de la administración de las entidades que ellos administran o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo.
- Precisar las responsabilidades de las empresas de auditoría externa, en los casos que éstas dictaminen falsamente sobre la situación financiera de entidades sujetas a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- Hacer obligatoria la declaración de conflictos de interés para quienes difundan públicamente recomendaciones de inversión. Será la Superintendencia de Valores y Seguros la que velará por el cumplimiento de esa obligación.
- Otorgar derecho a retiro a los accionistas disidentes respecto a la aprobación o ratificación de la junta de accionistas, de operaciones con partes relacionadas y mejorar los estándares de entrega de información respecto de esas operaciones.
