¿Quiénes son? El perfil de los 13 primeros formalizados por el caso Caval
¿Quiénes son? El perfil de los 13 primeros formalizados por el caso Caval
Beatriz Apud y Manuel Saavedra
Soborno, cohecho y declaraciones falsas de impuestos son los principales delitos por los que se busca formalizar a 13 personas naturales y una jurídica en la audiencia de este viernes, dentro del marco del caso Caval.
Se trata de la primera audiencia de la investigación que indaga diversas irregularidades en la compra y posterior venta de predios en Machalí, que involucra a la sociedad Caval, al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sabastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compagnon.
¿Quiénes son las personas formalizadas en el Juzgado de Garantía de Rancagua?
- Natalia Compagnon
La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet es representante legal de la sociedad Caval y socia en un 50% de la empresa, junto a Mauricio Valero.
Compagnon ha declarado ya tres veces en calidad de imputada ante el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, quien lleva adelante la indagatoria del caso.
La esposa de Sebastián Dávalos no fue incluida en la primera ronda de formalizados anunciada por el fiscal Toledo el 30 de septiembre. Sin embargo, el 4 de enero el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en su contra por delitos tributarios y con ello abrió la puerta para su formalización, que fue confirmada recién el 11 de enero.
¿Por qué se le formaliza? Compagnon llega a la audiencia por los presuntos delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos maliciosamente falsas: En esa línea, el Ministerio Público investiga 13 facturas de Inversiones Lo Beltran Limitada (sociedad de Patricio Cordero) incorporadas en la contabilidad de Caval entre 2012 y 2014.
Las facturas serían por trabajos no realizados: Dichos documentos suman un total de $ 305 millones y tendrían un perjuicio fiscal de $ 118.872.912.
Solo como representante de Caval se le sindica por el delito de soborno atribuido a la empresa.
Abogados defensores: Felipe Polanco, Jessica Norambuena, Antonio Garafulic.
- Mauricio Valero
Representante legal de Caval y socio en un 50% de la firma junto a Natalia Compagnon. Ha declarado dos veces ante la Fiscalía por el caso.
¿Por qué se le formaliza? Como presunto autor del delito de soborno y declaraciones de impuesto maliciosamente falsas.
En el primer caso, debido a la existencia de dos pagos por un total de $ 20 millones girados por Valero desde la cuenta de Caval en 2013 y 2014 al operador político UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda. Una de las tesis que maneja el Ministerio Público en torno al presunto delito es que los destinatarios finales de ese dinero, que habría recibido Díaz, habrían sido funcionarios del municipio de Machalí, encargados de agilizar el cambio de uso de suelo de los terrenos que adquirió Caval, operación que multiplicaba las ganancias del negocio.
En el caso del presunto delito tributario, la Fiscalía investiga las mismas 13 facturas de inversiones Lo Beltran Limitada por las que se formalizará a Compagnon.
Abogados defensores: Ricardo Schomburgk.
- Herman Chadwick Larraín
Síndico del convenio judicial preventivo Wiesner S.A., quien fue el encargado de liquidar los predios vendidos a Caval en el polémico negocio que desató el caso.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Chadwick por ventajas indebidas. Según el organismo, el síndico se apropió de $ 415 millones a espaldas de los acreedores (de los dueños del terreno en Machalí).
También se querellaron por posible delito de soborno, debido a que con el pago a Juan Díaz se habría pagado a funcionarios de la municipalidad de Machalí para hacer gestiones en el cambio de uso de suelo para aumentar el valor de los terrenos.
Junto con ello, la familia Wiesner presentó una querella en su contra por estafa, apropiación indebida y ventajas indebidas.
¿Por qué se le formaliza? Por el delito de ventajas indebidas del síndico: El Ministerio Público investiga un supuesto “premio” de $ 96 millones que la esposa del dueño de los terrenos, Helga Riffat, entregó a Chadwick a través de la sociedad Vicuña y Compañía, cuyo dueño es Andrés Orchard, abogado que trabaja con Chadwick. Sólo por este ítem el fisco habría perdido $ 42 millones.
Los síndicos de quiebras tienen un arancel fijo por ley, que para ser modificado debe contar con el visto bueno de la junta de acreedores. Sin embargo, esto no habría ocurrido. Según Chadwick, Andrés Orchard sí prestó servicios en el convenio judicial, pero la familia de Patricio Wiesner -el dueño original de los terrenos- ha declarado ante el Fiscal Toledo que fue el propio síndico quien les pidió este premio, considerándolo algo “normal” para incentivar la venta.
Asimismo, a Chadwick se le acusa de presentación de declaraciones de impuesto a la renta incompletas y omisión maliciosa de impuestos de Wiesner S.A.: Al igual que el CDE, la Fiscalía investiga los $ 415 millones que el síndico pagó al ex operador político Juan Díaz Sepúlveda. De acuerdo con el SII, los pagos intentaron ser justificados a través de contratos escritos dos años después de realizados los supuestos trabajos y tendrían un perjuicio fiscal que supera los $ 157 millones.
Según reconoció el propio Chadwick, los pagos no fueron aprobados por la junta de acreedores, sino que fue un tema que solo se habría conversado con la familia Wiesner, la que ante el fiscal Toledo declaró que no se les consultó del asunto, solo se les avisó.
Abogados defensores: Ciro Colombara.
- Juan Díaz Sepúlveda
Ex operador político de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien ha decidido usar su derecho a guardar silencio en las declaraciones ante el fiscal Toledo.
Conocido como “el Gatito”, dejó de ser militante del partido gremialista tras ser condenado por estafa en 2008, precisamente por una venta de terrenos.
Díaz trabajó con Herman Chadwick como “gestor inmobiliario”, pero su labor era intentar que se cambiara el plan regulador intercomunal de rural a urbano y así se aumentara el valor de los terrenos. Por este trabajo Díaz recibió $ 415 millones de parte del síndico.
Trabajó codo a codo con Cynthia Ross, ex asesora de la municipalidad de Machalí y también se reunió en diversas oportunidades con Jorge Silva Menares, ex director de Obras de Machalí.
Juan Díaz es sindicado por la propia Natalia Compagnon como la persona que le llevó el negocio de los terrenos de la familia Wiesner a Caval. Por esa razón, tanto él como Patricio Cordero tenían que dividirse el 50% de las ganancias, según contó la nuera de la Presidenta ante el fiscal Toledo.
¿Por qué se le formaliza? Como presunto autor del delito de soborno (pagos a funcionarios de la Municipalidad de Machalí), cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas (cuando Chadwick le pagó los $ 415 millones, Díaz extendió una boleta de la sociedad Consultores Ges Limitada, la que fue anulada pues él no pertenece a ella).
Abogados defensores: Carlos Astorga.
- Cynthia Ross Wiesner
Arquitecta, ex asesora de la municipalidad de Machalí, y sobrina del dueño original de los terrenos vendidos a Caval, Patricio Wiesner.
Primero asesoró a su tío y luego trabajó por $ 18 millones para Juan Díaz -mandatado por Herman Chadwick-. Allí, elaboró una propuesta de desarrollo urbano para cambiar el uso de suelo sobre 174 hectáreas. Después de ello, entró a trabajar como asesora del municipio, justamente, para agilizar el plan regulador que ella misma diseñó.
Ross se habría reunido, en medio de todo eso, con eventuales compradores de los terrenos, como Mauricio Valero.
¿Por qué se le formaliza? Por cohecho, pues se investigan los pagos que le habría realizado Juan Díaz con dineros provenientes de Caval, con el fin de cambiar el uso de suelo y aumentar el valor de los terrenos. Cabe recordar que Caval adquirió los predios en $ 6.500 millones y los vendió posteriormente en $9.500 millones.
Abogados defensores: Mario Vargas.
- Jorge Silva Menares
Ex director de Obras -y también de Administración y Finanzas- de la Municipalidad de Machalí, fue destituido por “graves faltas a la probidad administrativa”, luego que se destapara el caso Caval.
¿Por qué se le formaliza? Por cohecho, pues al igual que Cynthia Ross habría actuado para agilizar el cambio de uso de suelo y aumentar el valor de los terrenos.
- Marisol Navarrete
Cónyuge de Jorge Silva.
¿Por qué se le formaliza? Como cómplice de cohecho. La fiscalía indaga un pago de $ 15,7 millones efectuado a su cuenta de parte de Juan Díaz. Este dinero habría sido destinado a su esposo, Jorge Silva.
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- Patricio Cordero
Representante legal de Lo Beltran Limitada, sociedad que entregó 13 facturas ideológicamente falsas a Caval por un total de $ 305 millones.
El ex administrador electoral de Joaquín Lavín es cercano al socio de Compagnon Mauricio Valero, y es considerado como uno de los intermediarios en el negocio de los predios de 44 hectáreas en Machalí.
Natalia Compagnon aseguró en su primer testimonio ante el fiscal Toledo que la mitad de las utilidades del negocio se las repartirían entre Cordero y el gestor inmobiliario Juan Díaz: Ambos se conocían desde hace años como militantes UDI.
Su declaración ante la fiscalía abrió la arista Saydex del caso, en la que se investiga un posible cohecho en licitaciones de Salud.
¿Por qué se le formaliza? Por facilitación de documentos tributarios falsos (servicios no prestados a Caval).
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- Pauline Besserer
Esposa de Patricio Cordero y también representante legal de Lo Beltran.
¿Por qué se le formaliza? Al igual que su marido, por facilitación de documentos tributarios falsos (servicios no prestados a Caval).
- Matías Ovalle
Abogado de la familia Wiesner (dueña original de los terrenos).
¿Por qué se le formaliza? Como autor de prevaricación de abogado, es decir, por perjudicar a sus clientes y encubridor de ventajas indebidas del síndico.
- Daniel Huerta
Abogado de la familia Wiesner (dueña original de los terrenos). Junto a Ovalle es investigado por la fiscalía por haber recibido dinero del “premio” de $96 millones entregado por la familia Wiesner al síndico Chadwick.
¿Por qué se le formaliza? Como autor de prevaricación de abogado, es decir, por perjudicar a sus clientes y encubridor de ventajas indebidas del síndico.
- Andrés Orchard
Abogado socio de Vicuña y Compañía, trabaja con Herman Chadwick y habría recibido parte del “premio” de $96 millones del síndico.
¿Por qué se le formaliza? Como cómplice de ventajas indebidas del síndico.
- María Clara González
Síndica que trabaja con Herman Chadwick.
¿Por qué se le formaliza? Por encubrir el delito de ventajas indebidas del síndico.
- La empresa Caval
¿Por qué se le formaliza? Por soborno: Se le investigan pagos realizados a funcionarios de la municipalidad de Machalí con el fin de promover el cambio de uso de suelo. Mauricio Valero le habría pagado más de 20 millones de pesos a Juan Díaz y éste habría utilizado ese dinero para pagarle al Director de Obras del municipio y la ex asesora Cynthia Ross.
Abogados defensores: Grace Álvarez.
