Derecha da unanimidad a resolución en la cámara que habla de “dictadura” de Pinochet por primera vez en la historia
Agencia Uno - Diputados de derecha en la cámara
Por unanimidad aprobó, la tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de resolución que pide al Gobierno de Gabriel Boric tomar las medidas necesarias para la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La norma aprobada habla explícitamente de la “dictadura militar” encabezada por Pinochet y tuvo el respaldo de todos los sectores de la cámara, incluida la derecha que se había negados históricamente, hasta ahora, de calificar como dictadura el régimen de Pinochet.
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El documento propuesto por los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Nelson Venegas y Danisa Astudillo pide al gobierno medidas legislativas en materia procesal que permitan establecer mecanismos de entrega de antecedentes fidedignos que se refieran al paradero de los detenidos desaparecidos.
La resolución dice considerando que en Chile, “bajo la dictadura militar de Pinochet, en el período 1973-1990, se cometieron graves crímenes contra la humanidad entre las que se cuentan más de 2.000 ejecuciones sumarias, más de 1.000 desapariciones forzadas de personas y más de 100.000 torturas, según consta de Informes oficiales de organismos de Derechos Humanos”.
El proyecto de resolución fue presentado por el PS hace algunos meses, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende y que permitió la implementación de la dictadura de Pinochet.
La resolución emplaza también al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que, por su intermedio, realice las gestiones que sean necesarias ante la excelentísima Corte Suprema a fin de que los jueces con dedicación exclusiva en materia de derechos humanos puedan contar con todos los recursos que sean necesarios para culminar sus investigaciones.
