La polémica que ha debido enfrentar Catalina Pérez (RD) a raíz de los convenios por $426 millones suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a su pareja Daniel Andrade, sigue dando de qué hablar.
El pasado 16 de junio TimeLine Antofagasta informó que fueron los propios funcionarios del Serviu quienes iniciaron los cuestionamientos en contra del ahora renunciado seremi Carlos Contreras por la marginación del Equipo Asentamientos Precarios, la contratación de profesionales sin detallar sus funciones y el convenio por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la mencionada fundación.
Frente a los hechos, y según informaron desde La Moneda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se contactó con Contreras y le pidió que pusiera su cargo a disposición.
Asimismo, el secretario de Estado anunció que apoyarán la investigación que anunció el Ministerio Público por el caso y precisó que el ministerio logró recopilar información relevante que entregarán a la Fiscalía, y que este organismo deberá calificar si son constitutivos de delitos.
Además, la autoridad explicó que se impartirá un sumario administrativo para aclarar los hechos y establecer responsabilidades.
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Frente a todo lo anterior, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) decidió recurrir a la Contraloría General de la República para que emita un pronunciamiento acerca de la responsabilidad del ministro Montes que aceptó la renuncia del seremi de Antofagasta y de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, militante RD.
Asimismo, los parlamentarios, están pidiendo que se realice una auditoría a nivel nacional de las transferencias de recursos en el marco de los programas de campamentos y esperan que se indague en detalle el convenio entre el Minvu y la fundación Democracia Viva.
El diputado de RN, Eduardo Durán, en un punto de prensa, indicó que "da la coincidencia que el seremi Carlos Contreras y la propia subsecretaria Rojas son del partido RD y hay una coincidencia que es sospechosa, lo mejor que puede hacer el ministro Montes es hacer una rápida investigación y pedirle la renuncia a la subsecretaria, esto es sólo la punta del iceberg".
En este sentido, mencionó que "desde el interior del Minvu nos han dicho que esto se ha repetido con otras ONG. A nosotros nos duele mucho que quienes son los más necesitados del país estén pagando la campaña política del Frente Amplio y RD".
Por su parte, el también parlamentario de RN, José Miguel Castro, afirmó que "hoy se está abriendo una caja de pandora, un caso SQM dos, y esto entrampado por una serie de políticos que llegaban a limpiar la política de estos casos, nos da una vergüenza terrible".
Y añadió: "Vamos a sacar toda la artillería que tenemos en materia de fiscalización para llegar hasta el fondo".
En tanto, la diputada Camila Flores (RN), indicó que será "una comisión investigadora la que nos permitirá conocer los antecedentes, que las personas que se vean involucradas, de carácter irregular, puedan dar la cara en la Cámara de Diputados".
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"Sin duda alguna podríamos estar frente a una situación mucho más grande, estamos hablando de altos personeros del gobierno que están involucrados, quiero recordar que la diputada Pérez, hasta dos semanas atrás era la presidenta de Revolución Democrática", afirmó la diputada.
Y agregó: "Mantener a la subsecretaria francamente es una cuestión que a mí me parecer es muy grave, a mi parecer lo que está haciendo el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, es blindarla".
Finalmente, el diputado RN, Miguel Ángel Becker recalcó que hay "más de 3 mil millones entregados en mala forma, en forma directa, ese procedimiento no es usual, y la Contraloría lo ha observado en muchas ocasiones, yo espero que esto se investigue a fondo y que los responsables terminen en la cárcel como corresponde".
En esta misma línea esta jornada los diputados Cristián Labbé, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, presentarán una querella por este mismo caso.
