Caso Convenios: Fiscalía define calidad de Catalina Pérez como “imputada”
La noche de este jueves se conoció que, en medio de la investigación del bullado Caso Convenios, la condición de la diputada Catalina Pérez cambió: pasó de testigo a imputada, producto de un documento firmado por el fiscal a cargo.
Según un documento revelado por T13, el fiscal Cristián Aguilar, con fecha 12 de octubre, solicitó "practicar las siguientes diligencias: Se realice el análisis del tráfico de llamadas del número (...) correspondiente a la imputada diputada Srta. Catalina Pérez Salinas".
Los mensajes que ponen en duda el conocimiento de Catalina Pérez sobre el “Caso Convenios”
La solicitud de analizar el tráfico de llamadas es para determinar las comunicaciones con los otros imputados o sujetos que sean de interés a la investigación.
Se siguen conociendo detalles del Caso Convenios. Desde la Fiscalía no descartan nada: podían citar a declarar o pedir el desafuero de la diputada, con el objetivo de llegar hasta las últimas condiciones.
Incluso, desde la Fiscalía podrían solicitar la colaboración del Presidente Gabriel Boric en la arista de omisión de denuncia, con el objetivo de esclarecer el bullado Caso Convenios.
Caso Convenios: Amplían detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras hasta el viernes
"La Fiscalía no descarta ninguna diligencia de investigación con independencia de la investidura, carácter o calidad de las personas que resulten investigadas. Por lo tanto, nos encontramos haciendo las gestiones para poder esclarecer los delitos que corresponden a cada una de las aristas", sostuvo el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
Con el cambio de rótulo a la diputada Catalina Pérez, la investigación al Caso Convenios sumó un nuevo capítulo, luego de la reciente formalización al exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade; y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras.
Por ahora queda esperar qué pasará con los dos formalizados: pueden quedar en prisión preventiva, que es lo que pidió el Ministerio Público; o arresto domiciliario, como piden los abogados defensores de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
