Por Juan Pablo Figueroa
La primera vez que la fiscal Tania Mora citó a declarar en calidad de imputado por el caso Basura al alcalde de Colina, Mario Olavarría, fue en febrero de 2016. No lo llamaban por los contratos que la comuna que dirige hace 16 años tiene con las empresas del Grupo KDM para la recolección y disposición de la basura. Al presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y actual candidato a la reelección a la alcaldía, lo solicitaban por algo muy distinto: una serie de contratos que firmaron con su municipio dos funcionarios municipales de Cerro Navia, a quienes la Fiscalía Metropolitana Occidente ha identificado como supuestos “palos blancos” en la red que se habría estructurado desde Maipú y Cerro Navia para favorecer a KDM y otras empresas en millonarias licitaciones.
Fue por esos contratos, todos con la firma de Olavarría, que durante una de las audiencias de formalización de agosto de 2015, la fiscal Mora dijo que la supuesta organización ilícita que existía entre Maipú y Cerro Navia “ha emprendido una nueva alianza territorial en la comuna de Colina”.
Y es por eso mismo que ayer el fiscal regional José Luis Pérez Calaf, junto a los fiscales Tania Mora y José Solís, solicitaron en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de Olavarría por fraude al fisco. De esa forma, el edil de Colina se convertirá en el tercer alcalde acusado formalmente de haber cometido delitos en el marco del caso Basura.
Junto a Olavarría serán formalizadas también otras dos funcionarias municipales de Colina: la hasta hace poco directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Isabel Valenzuela; y la ex secretaria de Planificación (Secplan), Jessica Severino, a quienes se les responsabiliza por cursar los pagos sin acreditar la ejecución de los trabajos.
Además, la solicitud de la Fiscalía incluye la reformalización de la administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, y del Dideco de esa misma comuna, César Vidal, las dos personas que fueron contratadas a honorarios en Colina para trabajos de los cuales no hay ningún registro de que se hayan realizado.
No son los únicos contratos de este tipo que la Fiscalía tiene bajo la lupa en esta causa. También están los que el actual alcalde de Maipú, Christian Vittori –también formalizado–, y el ex concejal de esa misma comuna, Carlos Richter, firmaron en Cerro Navia durante 2011 cuando eran concejales de Maipú. Del trabajo de ambos en ese municipio tampoco hay ningún registro.
Su jefe directo era el entonces administrador municipal de Cerro Navia y colega de ambos en el concejo de Maipú, Marcelo Torres (RN), sindicado por la Fiscalía como el líder la supuesta asociación ilícita vinculada a KDM en Maipú, el articulador de los pagos ilegales y el único de los imputados que está en prisión preventiva.
El detalle de esos últimos contratos figura en la querella que patrocinó la diputada Cristina Girardi junto a dirigentes vecinales de Cerro Navia en julio de 2015. Esa relación contractual le habría servido a Torres para controlar los votos de ambos en el Concejo Municipal de Maipú. Así lo señaló el ex Dideco de Cerro Navia (antecesor de Vidal), Andrés Lastra, en una declaración del 9 de diciembre de 2014 ante la Policía de Investigaciones.
“Hay ocasiones donde Marcelo Torres me llamaba vía telefónica, exclusivamente para ordenarme que no le firmara nada a Carlos Richter, y en el caso que solicitara alguna respuesta a tal indicación, que se dirigiera a la oficina de Marcelo Torres a conversar. Se debía a que Carlos Richter no llegaba a acuerdos a favor de las apreciaciones que tomaba Torres Ferrari en su cargo de concejal en Maipú, por lo tanto le negaba pago en este municipio”, señaló Lastra.
El nexo Colina-Maipú
El principal nexo entre estos contratos con el caso Basura es Marcela Morales. Ella fue SECPLA en Cerro Navia entre 2008 y comienzos de 2014, cuando sucedió como administradora municipal a Marcelo Torres. El rol de ella en la red, según la investigación de la Fiscalía, habría sido el de “testaferro de Torres”. Por eso ya está formalmente acusada de malversar caudales públicos, defraudar al Fisco y sostener contratos paralelos por servicios no prestados.
La querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2015 detalla la forma en que Morales habría operado para facilitar el blanqueo de los supuestos pagos de KDM a Torres: simularle un préstamo por $13 millones, realizar pagos con dineros supuestamente propios por $3,8 millones y comprar al menos cuatro departamentos, siendo que se habría acreditado que no tenía los recursos para hacerlo. También compró autos y facilitó a Torres cheques y su tarjeta de crédito para cancelar los gastos comunes del condominio donde vive en Colina e incluso para pagar la estadía de él junto a Vittori, Richter y a la ex funcionaria de Cerro Navia, Verónica Lantadilla, en el Hotel Termas de Puyehue.
El primer contrato de Morales con Colina coincide con el período en que se discutía en Maipú la adjudicación de una millonaria licitación para la recolección de la basura, que finalmente ganó KDM. Fue en octubre de 2010, cuando fue contratada a honorarios en Colina para cumplir el rol de “apoyo profesional a la SECPLAN” por un monto bruto mensual de $1,4 millones. Ese contrato sería renovado anualmente hasta 2014, cuando terminó abruptamente el 1 de junio. A Morales se le habrían pagado al menos $49 millones.
El otro funcionario cuyo contrato en Colina ha sido cuestionado es César Vidal, actual Dideco en Cerro Navia y, desde enero de 2016, también encargado de Participación Ciudadana en ese mismo municipio. En junio de 2013 comenzó su vínculo contractual con Colina, sólo días después de haber compartido un viaje a Cuba con dos concejales de esa comuna y otros funcionarios de dicha municipalidad. También se le pagaba poco más de $1,4 millones bruto al mes. Así fue por dos años, hasta junio de 2015.
Hay dictámenes, informes y un sumario de Contraloría que objetan esos contratos y sus pagos, ya que los supuestos servicios prestados no tendrían respaldo. Además, tan Morales como Vidal cumplían jornada completa en Cerro Navia, por lo que habrían estado impedidos de trabajar en otro municipio.
El 27 de enero de 2016, el fiscalizador de municipalidades en la Contraloría, Felipe Quevedo, declaró en la Fiscalía que hasta esa fecha, Colina “no ha entregado nada que respalde la función desarrollada por estas personas” y que se instruyó un sumario contra todos quienes aprobaron o visaron esas contrataciones. Lo anterior fue luego ratificado por otros dos funcionarios de la Contraloría.
Lo que declaró el alcalde
Aunque fue citado a comienzos de año, Mario Olavarría recién declaró en la Fiscalía a fines de junio. Allí señaló que a César Vidal no lo conocía y que nunca lo vio en el municipio. Sobre Marcela Morales, dijo que si bien la conoció cuando la contrató y que varias veces la vio en la oficina de la administradora municipal “realizando labores con documentos”, no sabe cómo llegó hasta el municipio.
“No tengo claridad de cómo ella llegó a trabajar a Colina, debido a que en el municipio se mantiene a muchas personas contratadas a honorarios, más de 600 personas, lo cual me hace imposible conocer a cada una de ellas”, declaró.
El alcalde añadió a los fiscales que la supuesta labor de Morales en Colina estaba vinculada al proyecto de postas rurales y al 2% de seguridad y alarmas comunitarias, y que sus pagos eran aprobados por la Secplan, Jessica Severino, y visados por la Dideco, Isabel Valenzuela, ya que su contrato era parte del Plan Comunal de Empleo.
Sin embargo, por esos mismos días declaró Severino: “de su contratación me enteré en la Contraloría el día 8 de enero del presente año, donde me consultaron si la conocía y si había trabajado con ella. Respondí que no tenía conocimiento de su contratación y que nunca había trabajado con la señora Morales. (…) Nunca he trabajado con ella, nunca he mantenido una comunicación telefónica, nunca me ha asesorado en temas de fondos. Además nunca he tenido a la vista informes de trabajos de ella. El único documento que vi sobre Morales fueron dos boletas a honorarios que se me exhibieron en la Contraloría”.
Lo anterior fue ratificado por la ex administradora municipal de Colina, Débora Sepúlveda, quien declaró a fines de agosto que “ninguno realizó trabajo alguno para la municipalidad”.
