Por Cristián Rivas
El cambio de gabinete no solo trajo nuevas caras a los ministerios de Justicia (Jaime Campos), Energía (Andrés Rebolledo) y Bienes Nacionales (Nivia Palma), también reflotó a una de las empresas más controvertidas de los últimos años, la francesa Morpho, que en 2013 se adjudicó la polémica licitación del Registro Civil para desarrollar por 10 años los pasaportes y cédulas de identidad.
Morpho aparece nuevamente como protagonista porque el nuevo ministro de Justicia, Jaime Campos, hasta ahora formaba parte del estudio de abogados Zúñiga, Matus, Campos Abogados, donde uno de sus socios, Francisco Zúñiga, asesora desde hace varios años a la compañía francesa. El diputado Nicolás Monckeberg (RN) acusó conflictos de interés de Campos, considerando que deberá llevar adelante una investigación sobre Morpho y su responsabilidad en los últimos errores conocidos en el padrón electoral, como ha reconocido públicamente el propio Registro Civil al indicar que los errores provendrían de la plataforma informática.
La atención vuelve a estar puesta en la firma, filial de la francesa Safran.
La compleja licitación
La francesa Morpho se hizo muy conocida en el país a partir del proceso de licitación que inició el Registro Civil para adjudicar la fabricación de pasaportes y cédulas de identidad en 2009. Fue una de las siete empresas que participó en dicho proceso, pero que inicialmente fue adjudicada a la española Indra en 2010.
Claro que eso no duró mucho. Por un error administrativo, el Tribunal de Contratación Pública revirtió la adjudicación, pues la boleta de garantía de Indra estuvo vencida durante un mes. Así, el proceso se reabrió nuevamente ese año, pero una a una las compañías participantes fueron siendo descartadas por distintas razones administrativas y/ o sus experiencias en la materia. Entre otras, participaban del proceso la chilena Sonda, que era quien proveía el servicio hasta ese momento, y firmas como la española SICE y la alemana Siemens.
Entre las empresas que participaron, uno de los aspectos que más llamó la atención es el alto costo que involucraba ser parte del proceso, pues todas debieron financiar múltiples viajes al exterior para un número importante de funcionarios del Registro Civil. Por lo bajo, aseguran algunas, implicó un importante desembolso de recursos durante el proceso, que iría desde los $300 millones.
El resultado del proceso es conocido. Morpho se adjudicó en octubre de 2011 una licitación valorizada en casi US$ 400 millones, pese a que finalmente era una de las ofertas más caras, recalcan desde una de las empresas que compitió. La francesa se lo adjudicó finalmente por descarte.
A esas alturas, los procesos judiciales en contra de la licitación ya habían partido. El más recordado fue el iniciado por Sonda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en contra del Registro Civil. El tribunal sólo aplicó una multa de 200 Unidades Tributarias Anuales al servicio público, pero no acogió la petición de dejar sin efecto la adjudicación a Morpho. En la apelación, la Corte Suprema determinó que no le correspondía al TDLC determinar aquello y dejó todo en manos del Tribunal de Contratación Pública, quien finalmente desestimó la petición por declararla fuera de plazo.
El 30 de septiembre de 2013 Morpho tuvo un dramático debut. Partió con sus servicios en momentos en que el Registro Civil enfrentaba un paro de funcionarios, surgían elementos como la pérdida de cédulas de identidad y el extravío de datos de centenares de pasaportes, sin mencionar las constantes caídas de su sistema informático. Tuvieron que pasar varias semanas antes de que la operación se regularizara.
Las polémicas fuera de Chile
Pero Chile no es el único país donde la francesa Safran, matriz de Morpho, ha enfrentado una polémica. El año 2012, estalló una verdadera bomba de relojería en Nigeria, donde la firma enfrentó a la justicia por un supuesto pago de sobornos para la obtención de una licitación para fabricar los documentos de identidad.
Se trataba de un contrato millonario, por lo cual la firma habría sobornado al ex ministro de Asuntos Internos, Domingo Afolabi y Mahammed Shatta, y al ex ministro del Trabajo, Hussain Akwanga. La justicia francesa multó a la firma por haber entregado sobrepagos durante el proceso.
No sólo en África enfrentó problemas. Más cerca, en Perú, pasó una bochornosa situación cuando fue descartada de la licitación para encargarse de los documentos del país vecino.
Las razones que se argumentaron para sacarla de carrera, es que había presentado la peor propuesta técnica y la más cara, ante lo cual no había quedado más opción que rechazarla.
El tema trascendió las fronteras y repercutió en Chile, porque la emisión del nuevo pasaporte electrónico en Perú, con las mismas características de seguridad que el chileno, tiene un costo para el usuario de US$ 28 dólares, versus los US$ 130 que tiene en Chile.
