Felices y Forrados se cierra. La entidad creada por Gino Lorenzini anunció su cierre acusando que el proyecto de ley que aumenta la transparencia y responsabilidad de los agentes del mercado -el cual fue despachado esta jornada desde el Congreso- les impide seguir operando.
De hecho, Lorenzini acusó a través de un live que realizó la empresa a través de sus redes sociales que esta iniciativa "instaura una dictadura económica".
"El servicio de sugerencias de FyF funcionaría hasta el 31 de mayo de 2021, o a más tardar 31 de agosto de 2021", sostuvo la entidad por medio de su cuenta de Twitter.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda fue aprobado por 96 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, por lo que ahora sólo falta la firma del Presidente Sebastián Piñera para que comience a regir.
La iniciativa que comenzó a tramitarse durante la segunda administración de Michelle Bachelet y que fue continuada por el actual Gobierno, se incorporó una serie de elementos en el marco de la agenda anti abusos que se presentó tras la crisis social de 2019.
La votación de la Cámara no estuvo exenta de polémicas. En la previa, Felices y Forrados armó una campaña comunicacional invitando a sus clientes a presionar a través de las redes sociales y correos electrónicos a los parlamentarios para que rechacen el proyecto.
Esto, pues el proyecto que despachó el Congreso incluye un marco regulatorio para las entidades que realizan asesorias financieras con los ahorros previsionales obligatorios. Las empresas y personas que hagan este tipo de servicios, serán supervisados por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. Además, deberán estar inscritas bajo ambas entidades.
Entre las exigencias que se establecieron a empresas como Felices y Forrados es que deberán contar con una póliza de seguro o una boleta de garantía para resguardar a sus clientes ante eventuales irregularidades. La boleta de garantía tendrá un piso mínimo de UF 500 y un máximo de UF 60 mil. El monto será dictado por acuerdo de ambos reguladores de acuerdo a las características de los asesores y entidades.
Este tipo de compañías tampoco no deben tener relaciones con la AFP, puesto que existían empresas de asesoría que figuraban como accionistas en algunas administradoras. Todo ello con el objeto que no existan conflictos de interés.
El texto que está listo para ser ley va en línea con las recomendaciones que entregó el año pasado la OCDE en cuanto a la necesidad de que los asesores financieros en materia previsional sean regulados, tal como ocurre en la Unión Europea, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Australia.
Los otros cambios
Pero el proyecto también aborda otras materias del sector financiero. Por ejemplo, impulsa la interconexión de las bolsas de valores; se aumentan las sanciones y penas contra los delitos que atenten contra el sistema financiero tras el Caso Cascadas; se incrementan los estándares de los gobiernos corporativos de las empresas, entre otros.
Se crea el "denunciante anónimo" que busca proteger y recompensar a quienes delaten ilícitos financieros. Si las denuncias hechas llegan a buen puerto, podrá obtener una remuneración sobre el pago de la multa que dictamine el regulador que no podrá exceder el 30% de la sanción fijada.
Asimismo, se incorpora un sistema de consulta gratuito que depende de la CMF sobre los seguros contratados por las personas.
En materia de derechos del consumidor, se prohíbe por parte de las entidades financieras cobrar un interés del préstamo y por atraso al mismo tiempo. Además, se eliminó el interés sobre interés en caso de atraso en el pago.
Reacciones
El vicepresidente de Retail Financiero, Claudio Ortiz, señaló tras la aprobación de la iniciativa que "se transformó en una normativa miscelánea que al involucrar diversas materias de alta complejidad, dificultó su tramitación. Esto afectará a múltiples actores del mercado y nuestra industria hará los mejores esfuerzos para cumplir con la regulación y apoyar el desarrollo sustentable del mercado financiero".
Ortiz agregó que "estimamos que es un avance en varios capítulos, pero deja algunas dudas de interpretación en otros, sobretodo en relación a las operaciones crediticias. Probablemente la CMF jugará un rol importante en clarificar los criterios específicos que se deban adoptar".
