Las tasas de roaming que se pagan por utilizar el teléfono móvil en el extranjero se suprimirán en el conjunto de la Unión Europea (UE) el 15 de junio de 2017, según decidió hoy (27.10.2015) el Parlamento Europeo en Estrasburgo. De esta forma, desaparecerán los costes extra por llamar, enviar mensajes y usar Internet en otro país de la UE distinto al de la contratación de la línea telefónica.
El pasado 30 de junio los negociadores de los Gobiernos de los Veintiocho y la Eurocámara llegaron al acuerdo definitivo, que fue refrendado el 1 de octubre por el Consejo de la UE y hoy, por el Parlamento Europeo.
Sin embargo, la regulación contempla una limitación: si un ciudadano utiliza en su país de forma permanente una tarjeta SIM más barata de un país extranjero, su compañía podrá seguir cargándole costes extra. De esta forma, los operadores podrán aplicar una “política de uso justo” para evitar una utilización abusiva del roaming, lo que hace referencia a evitar estos servicios para “otros propósitos"” que no sean “viajes periódicos”. La Comisión aún debe decidir qué contingente de SMS, minutos telefónicos y datos quedarían liberados del pago del roaming.
También se acordó que las autoridades nacionales puedan aplicar, por medio de una “cláusula de recuperación de costes”, cargos mínimos de forma excepcional, si los operadores pueden demostrar que no son capaces de recuperar los costes y que esto afecta a sus precios en el mercado nacional.
Como paso intermedio hasta la abolición de estas tarifas, la UE ha decidido rebajarlas el 30 de abril de 2016, cuando el precio mayorista por minuto no deberá superar los 5 céntimos de euro, los 2 céntimos por SMS y los 5 céntimos por megabyte (IVA excluido). Esos precios son un 75 por ciento más baratos que los actuales.
Neutralidad de la red
Además, el Parlamento ha aprobado también nuevas reglas sobre la denominada neutralidad de red, que prohíbe comprar cualquier tipo de prioridad para navegar en Internet. La norma obligaría a las compañías a tratar todo el tráfico de la misma manera, impidiendo bloquear o ralentizar la descarga de contenidos, aplicaciones o los servicios de operadores o receptores concretos.
La única excepción contemplada en ese caso es que exista una orden judicial que pretenda garantizar el cumplimiento de alguna ley, evitar la congestión en la red o combatir ataques cibernéticos. También se contempla obligar a los proveedores de Internet a informar a los clientes de forma clara de la velocidad real de la carga y descarta, antes de firmar un contrato de telefonía fija o móvil. Así, el usuario tendría derecho a interrumpir el contrato o recibir una compensación si la empresa no cumple con la velocidad ofrecida.
