Tres días después de que el Comité de ministros dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Hidroaysén, y aunque la compañía decidió esperar una notificación formal antes de definir los cursos de acción, las críticas desde los promotores del proyecto hidroeléctrico han apuntado a la debilidad de la institucionalidad ambiental.
"¿Qué señal se entrega a cualquier proyecto de inversión cuando, al final del proceso administrativo de evaluación y tras salvar las instancias judiciales, se esgrimen razones técnicas debatibles o subsanables para revocar una resolución ambiental?", cuestiona Bernardo Larraín, presidente de Colbún –que posee 49% de la sociedad– en una carta enviada a El Mercurio.
Aunque asegura que "responsablemente" Hidroaysén se pronunciará una vez que reciba la notificación, sostuvo que es "importante" hacer una "breve reflexión a título personal": "Hago este recuento para poner en contexto una reflexión sobre cómo ha funcionado la institucionalidad ambiental, sobre todo cuando con facilidad se apunta con el dedo, en mi opinión de manera parcial e injusta, a las empresas, a la calidad de sus Estudios de Impacto Ambiental y a su gestión social y ambiental".
Por otro parte, un informe interno de Hidroaysén, de carácter técnico jurídico, dado a conocer por Diario Pulso, remarca que la decisión del Comité de ministros "debilitó la institucionalidad ambiental y la certeza jurídica de las inversiones".
Y agrega que "aun cuando un proyecto cumpla a cabalidad con todas y cada una de las exigencias y logre la aprobación ambiental, habiendo superado exitosamente las innumerables instancias judiciales a las que ha sido sometido, y cuente con el apoyo mayoritario de las comunidades en que se inserta, siempre podrá enfrentar revocaciones posteriores por parte de una instancia política".
En esa misma línea apunta Larraín, quien luego de destacar el esfuerzo profesional realizado, asegura que "este trabajo bien hecho derivó en la aprobación ambiental del proyecto, y luego, en fallos favorables en todas las instancias administrativas y judiciales a las cuales legítimamente recurrieron quienes se oponen al mismo".
En tanto, el documento sostiene que "si alguien critica hoy que los servicios públicos redactaron un ICE (Informe Consolidado de Evaluación) favorable y votaron a favor de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental), en verdad está criticando a los servicios públicos del Estado, no al titular de un proyecto".
Sobre la institucionalidad ambiental, Larraín reitera en su carta que "hace tiempo hemos promovido cambios" y resalta que es "evidente" que debe "evolucionar frente a un nuevo contexto, asegurando que es el Ejecutivo el que debe liderar esta discusión. Sin embargo, "poco se ha avanzado en los últimos ochos. Recién hoy se incluyen algunas de estas temáticas en la agenda energética".
