Continúa la discusión sobre el financiamiento del proyecto de ley que empuja el Gobierno para crear una Pensión Garantizada Universal (PGU) antes de que concluya su mandato en marzo. Esto en paralelo a que la tramitación en el Congreso se le puso cuesta arriba.
En el terreno de las cartas al director de El Mercurio, este jueves economistas que representan a casi todo el espectro político desde la derecha (ligados a la candidatura de José Antonio Kast) pasando por los más afines al actual Gobierno de Piñera hasta la izquierda se manifestaron por la interrogante de qué tan viable es el financiamiento de la propuesta de PGU.
Primero, el grupo original que inició este debate representado por Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, José De Gregorio y Eduardo Engel, hoy criticaron la respuesta entregada ayer por la directora de la Dipres, Cristina Torres porque “no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento”.
No satisfechos con la replica, en esta oportunidad la instaron a que, por ejemplo, fundamente “por transparencia” el estudio que sustenta uno de los puntos que promueve el Ejecutivo como el hecho de que se puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), siendo que por su naturaleza -y en el supuesto de que aumentan los beneficios previsionales- lo que debería ocurrir es que se ahorre más ahí y no menos.
Suman otros aspectos técnicos relativos a la provisión presupuestaria del 2022 y el programa financiero para 2023-2026, entre otros en donde mantienen que sus dudas siguen siendo válidas e invitan a que otras entidades autónomas entren al debate: “Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar”, señalan ante las aprensiones que expuso el Consejo Consultivo Previsional en el informe del proyecto.
“Un gesto mínimo del Gobierno” que piden es que envíe en un solo proyecto con los gastos e ingresos (como en la ley corta de pensiones) en que se entregue claramente las estimaciones que fundamentan los cálculos. Esto con el propósito de que si el financiamiento es incompleto se agreguen otros mecanismos para asegurar la sostenibilidad de este proyecto.
A ellos se sumó Javiera Martínez, la presidenta de Rumbo Colectivo y una de las coordinadoras programáticas de la campaña del recientemente electo Presidente de la República, Gabriel Boric.
Martínez enumera las falencias que, a su juicio, devela la defensa financiera que hasta ahora ha hecho el Ejecutivo, como que gran parte de los recursos comprometidos no tienen correlato con una “nueva recaudación permanente”, la incongruencia de la fórmula que se plantea para el uso del FRP y a la falta de información del programa financiero 2023-2026.
En Twitter, por su parte, el académico de la U. de Chile y expresidente de Codelco durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Oscar Landerretche, también entregó su visión sobre el financiamiento de la PGU.
Junto con señalar que la propuesta del Ejecutivo "huele demasiado a contabilidad creativa", el economista señaló que discrepa con el argumento de que el establecimiento de esa pensión universal hay que condicionarla a la reforma estructural del sistema de pensiones.
"Sugiero a la administración entrante cambiar estrategia y apropiarse del proyecto para que sea el presidente electo quien viabiliza pensión, la hace posible y se encarga de que el Parlamento arregle financiamiento, empujando una reforma tributaria más progresiva que la propuesta y una ampliación de la generosidad de la pensión", manifestó.
Defensa oficialista
Desde la otra vereda, en defensa de lo que promueve el Ejecutivo, el exministro de Economía, José Ramón Valente, puso el acento en la necesidad de mejorar las pensiones hoy, en que a su juicio el proyecto de PGU es “transversalmente aplaudido” y que cuenta con los recursos para ser financiado, tal y como lo ha explicado el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que apunta a recursos previamente asignados para los proyectos de ley corta y larga de pensiones que no avanzaron en el Congreso.
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Ante esto, señaló que las críticas del grupo de economistas que integra Repetto, Engel, Valdés y De Gregorio no se sustenta. “El planteamiento de los cuatro economistas sugiere que solo se puede hacer nuevos y mejores programas de gasto en la medida que se aumente el financiamiento del Estado”, esto explica pasa por alto la “primera prioridad” que es “gasta bien lo que ya les entrega la sociedad”. Agrega que solo “una vez que eso ocurra hay autoridad moral para pedir más” en referencia a financiar los gastos con más impuestos
En el ámbito político apunta a que es “inaceptable” poner los intereses de la coalición que va a gobernar por sobre los de “millones de chilenos que podrían beneficiarse” con la PGU.
A él se le sumó un grupo de economistas encabezado por Cecilia Cifuentes, que integró el grupo que elaboró el programa económico de José Antonio Kast, junto a Michelle Labbé (de Dominus Capital) y la abogada Karin Moore (de Clapes UC).
“Llama la atención que connotados académicos ligados a la oposición, propongan hoy frenar la reforma” que promueve la PGU, señalaron. Y agregaron: “Lamentablemente esta irrupción en los medios tiene sabor a oportunismo político”.
