La defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve, que cumple prisión preventiva en el marco de las indagatorias por las denuncias por abuso sexual y violación en su contra, emitió un comunicado manifestando su "profunda preocupación" por las amenazas que recibió su representado en la cárcel de Rancagua.
Según pudo confirmar el entorno del exsubsecretario, Monsalve fue amenazado de muerte al interior del hospital del penal, por una mujer quien fuera líder de la reconocida banda de narcotraficantes Los Marchant de Lo Espejo.
Antonella Marchant, líder del clan, amenazó a Monsalve, y le dijo “te voy a matar, violador conch...”. Además, le realizó un gesto que simulaba un degollamiento, con el dedo alrededor del cuello.
En ese contexto, los abogados del exsubsecretario manifestaron que Monsalve "fue expuesto a una situación de grave riesgo".
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"Reiteramos que la resolución que ordenó su prisión preventiva, como sostendremos en la sede correspondiente, resulta completamente innecesaria y carece de justificación. La exposición de nuestro representado a condiciones inseguras y riesgos previsibles constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales y de la presunción de inocencia que lo ampara", aseguran.
Asimismo, el equipo integrado por los juristas Horvitz, Disi y Arias, criticó las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien descartó que Monsalve corriera riesgo en el penal.
"Manifestamos nuestra preocupación por la falta de reconocimiento de la gravedad de la situación, especialmente considerando que, a tan solo 33 horas de su ingreso al recinto penitenciario, nuestro representado se vio enfrentado a amenazas directas contra su vida e integridad física por parte de una conocida líder de una banda de crimen organizado. Es imperativo que las autoridades competentes reflexionen sobre el impacto de estas afirmaciones, especialmente cuando contravienen los estándares básicos de seguridad y dignidad que deben regir en el sistema penitenciario", añaden.
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"La seguridad de quienes están bajo la custodia del Estado no puede ni debe ser tratada con ligereza. Seguiremos adoptando todas las medidas y ejerciendo las acciones necesarias para garantizar la integridad y los derechos de nuestro representado, exigiendo responsabilidad y compromiso por parte de todas las autoridades involucradas", cierran.
