La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex Presidenta, Michelle Bachelet, entregó este jueves su informe tras la visita que realizó a Venezuela en junio de este año.
Bachelet se reunió, en el palacio de Miraflores, con el Presidente Nicolás Maduro. Además también visitó a familiares de detenidos y se entrevistó con autoridades de oposición.
En el informe se señala que "sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno". Además, se documentaron 135 casos de personas privadas arbitrariamente de libertad entre 2014 y 2019.
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Entre las recomendaciones, Bachelet pide que se adopten las medidas necesarias "para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud". Además, solicita la aplicación de medidas para evitar y cesar la violación de derechos humanos.
#Venezuela - Ya esta disponible el informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre la situación de #DerechosHumanos en el país. El mismo será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos.
— OACNUDH (@OACNUDH) 4 de julio de 2019
Acceda al informe ?? https://t.co/mP1zEqobVa
Sobre esto, el informe señala que "las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos".
"Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones", destaca.
En relación a las detenciones arbitrarias, Bachelet señala que en la mayoría de los casos "se sometió a las mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsa de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas".
Gobierno venezolano cuestiona informe
El gobierno venezolano acusó a Bachelet, de presentar un informe lleno de "errores", tras señalar "uso excesivo de la fuerza" por agentes de seguridad del Estado.
"Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles", reseñó la respuesta del gobierno venezolano, que suma 70 "observaciones".
El gobierno del mandatario Nicolás Maduro solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas "adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe" que documentó "casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad" en vecindarios pobres.
Los cuestionamientos se producen luego que Maduro se comprometiera a "tomar con toda la seriedad" las "sugerencias, recomendaciones y propuestas" de la comisaria tras recibirla en el palacio de Miraflores durante su visita a Venezuela entre el 19 y 21 de junio pasados.
Según las conclusiones de la ONU, "existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES".
Ante la situación, Bachelet pidió la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.
Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet -que insistió en contar con una oficina permanente del ACNUDH en el país petrolero- recomendó la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno de Maduro desestimó también las afirmaciones de la ONU sobre la precarización del sistema de salud y las dificultades de acceso a los alimentos.
La Alta Comisionada llamó al gobierno socialista a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud".
