El Gobierno de Gabriel Boric presentó una ley corta para abordar la deuda que tienen las isapres con miles afiliados, luego que la Corte Suprema considerara que las instituciones de salud privada realizaron cobros excesivos a las personas.
La Asociación de Isapres consideró que la propuesta del Ejecutivo era “un engaño” y acusó que había una intención de “disfrazar” un “cierre por secretaría del sistema isapre”.
“El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, acusaron las instituciones en un comunicado.
¿Por qué las isapres deben a sus afiliados?
La Superintendencia de Salud informó que las isapres deben más de 1,1 billones de pesos a 725 mil afiliados al sistema. Esta deuda es porque la instituciones de salud privada se rigieron por una tabla de factores de riesgo desactualizada, lo que hacía que cobraran más dinero que el correspondiente a sus afiliados.
El fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022 ordenó a las isapres ajustar las tablas de factores, eliminar las diferencias que hacía entre hombres y mujeres y ajustar las edades, además de pagar lo que había cobrado de más.
La respuesta del máximo tribunal llegó luego de que afiliados a tres isapres presentaran recursos de protección por esta situación.
Qué dice la ley corta del gobierno
La propuesta del Gobierno de Gabriel Boric entrega un plazo de seis meses a las isapres para que presenten una fórmula para devolver el dinero a sus afiliados por los cobros excesivos y dar así cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.
Al mismo tiempo, la propuesta del gobierno busca fortalecer las condiciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de modo de tener la capacidad de recibir a las personas que deseen cambiarse de la salud privada a la pública, lo que ha ocurrido en los últimos meses.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la propuesta del Ejecutivo y acusó que lo que buscan las isapres es que el gobierno les de “un salvataje” o “un perdonazo” de la deuda con los afiliados, lo que no va a ocurrir.
“Nos parece una desfachatez. Las isapres no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de la isapres hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo, y no estamos haciendo eso”, expresó la vocera de Gobierno.
“Nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad; en primer lugar, para cumplir el fallo de la Corte Suprema, en segundo lugar, para no habilitar espacios para salvatajes con los impuestos de las personas o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las isapres”, añadió.
“Lo que está señalando la isapre es que le hagamos un salvataje y no hay espacios para salvatajes. Un salvataje significaría recurrir con recursos del Estado, es decir, lo que pagan todos los trabajadores y trabajadoras, para salvar una situación que es responsabilidad de las isapres. Esta crisis no la generó este gobierno, no la genera la Corte Suprema, tiene que ver con un modelo de negocio que se judicializó por cobros que eran inapropiados”, complementó.
