Este martes el Presidente Sebastián Piñera manifestó su apoyo al proyecto de ley anunciado por la UDI y que buscará negar la gratuidad en la educación superior a estudiantes que provoquen destrozos en sus establecimientos educacionales.
La iniciativa se aplicaría a los jóvenes que realicen destrozos durante tomas estudiantiles. "Compartimos absolutamente el fondo del proyecto que ha planteado la UDI", aseguró la máxima autoridad del país.
El jefe de Estado, además, aprovechó la ocasión para anunciar una iniciativa que tiene por fin "combatir conductas antisociales".
"De hecho, esta semana vamos a presentar un proyecto de ley que se suma a la Ley Antiportonazos, que se suma la nueva Ley Penal Juvenil y que se llama una ley para 'combatir las conductas antisociales' y dentro de esas conductas antisociales que van a ser penadas en forma más severa por este proyecto de ley está el destruir la infraestructura del inmobiliario y equipamiento de los colegios", explicó.
Aborto: "Hemos intentado compatibilizar dos derechos"
El Presidente también tuvo palabras para el nuevo reglamento presentado por el Gobierno, que regula la objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales. El cambio realizado tras el dictamen de Contraloría que declaró ilegal el documento anterior realizado por el Ejecutivo, apunta a que las instituciones privadas que cuentan con DFL 36 sólo podrán ser objetoras en la medida que sus respectivos convenios no incluyan prestaciones de obstetricia y ginecología.
"Lo que hemos intentado hacer como Gobierno es compatibilizar dos valores, dos derechos. Por una parte el derecho de las mujeres chilenas a ser atendida cuando tengan que enfrentar la interrupción del embarazo en una de las tres causales aprobadas por la ley y por otra, el derecho a la objeción de conciencia. Hemos buscado compatibilizar ambos derechos y al mismo tiempo cumplir con la ley", aseguró.
Los dichos de Piñera se dan en medio de la ofensiva de la UDI, que busca recurrir ante el Tribunal Constitucional para objetar el dictamen de Contraloría que, en la práctica, dejó fuera a las clínicas privadas con convenios con el Estado de la posibilidad de ser objetoras de conciencia.
Respecto de este tema, el mandatario afirmó que "los parlamentarios podrán tomar las acciones que nuestro marco jurídico les permita y vamos a ver si hay o no una acción en esta materia y un pronunciamiento del TC".
