Un oficio envió a la cancillería el diputado UDI Felipe Ward, la tarde del lunes. El objetivo: solicitar un pronunciamiento de su homóloga brasileña en torno a los vínculos del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami y empresas de ese país.
La acción fiscalizadora ocurre luego que La Tercera revelara el domingo que el ex candidato presidencial utilizó un jet privado de la firma TAP para movilizarse por Chile durante la fase final de su campaña de 2013. Y no sólo eso: que en julio de ese año había viajado rumbo a Sao Paulo en esa misma aeronave junto a dos altos empresarios de la constructora OAS, actualmente investigada en el caso de corrupción Lava Jato, que involucra al ex presidente de ese país, Lula da Silva.
"En relación a la empresa brasileña de Transportes TAP, que en la última campaña presidencial prestó servicios al ex candidato, señor Marco Enriquez-Ominami, solicito me informe si esta Cancillería maneja información sobre si esta compañía tiene algún grado de vinculación a políticos, personas públicas o privadas que se encuentren procesadas o siendo investigadas en casos de corrupción en su país", dice el oficio al que accedió T13.
El requerimiento -dice el oficio- se realiza "de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás disposiciones constitucionales y legales" que asisten a los parlamentarios.
La acción de Ward fue la primera, pero no la única. Este martes los diputados Jorge Tarud (PPD) y José Manuel Edwards (RN), miembros de la comisión de Relaciones Exteriores, solicitaron a la Cancillería instruir al embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri, recabar información sobre presuntos aportes del extranjero para la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
"Esto no fue informado debidamente. Queremos que el embajador se entreviste con el fiscal de la causa y con las propias empresas para que den información sobre la causa", manifestó el diputado Tarud.
El diputado Edwards dijo que "si el señor Marco Enríquez-Ominami no quiere quedar totalmente desprestigiado, debe aclarar las platas de su campaña".
El reportaje ha originado dudas en torno a la declaración de gastos de la campaña presidencial de ME-O. Esto pues sólo 6 millones de pesos fueron justificados bajo el ítem de “gastos de desplazamientos”. Desde el PRO han señalado que los gastos del jet privado fueron incluidos dentro de la factura por 170 millones de pesos que entregó el 2 de diciembre de 2013 la empresa de asesorías Cono Sur Research SPA, creada por Cristián Warner, ex asesor del líder del PRO (actualmente investigado en el marco del caso SQM).
"Los montos son mucho mas altos, cuesta creer esos precios. Esta es una historia que no cuadra", comentó Edwards.
Por su parte, el diputado Ward UDI evalúa enviar otro oficio al Servel para pedir un pronunciamiento en torno a la eventual existencia de aportes extranjeros a la campaña. Si bien la ley chilena prohíbe este tipo de pagos, cualquier presunta irregularidad estaría prescrita.
"Creo que son antecedentes que deben ser aclarados. La declaración que él publica en Facebook no es suficiente, en Chile está prohibido recibir aportes extranjeros y este jet no está contabilizado dentro de los gastos de campaña que él presentó ante el Servel, por eso creo que hay información que debe presentarse", señaló Ward.
