La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el cumplimiento de contratos suscritos entre la Fundación Daya y once municipios de todo el país.
El principal problema que detectó el ente fiscalizador es que el laboratorio involucrado no contaba con permiso del Instituto de Salud Pública (ISP) para elaborar el fármaco, pero también detectó anomalías en otros aspectos de los acuerdos.
Cabe recordar que en octubre de 2023, el diputado de Republicanos, Juan Irarrázabal, presentó la denuncia ante el ente contralor, señalando que los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal transfirieron recursos a la fundación, que es representada legalmente por la diputada Ana María Gazmuri.
Además, acusaba que no hubo entrega de la contraprestación ofrecida e incluso, que muchas de ellas no tendrían rendición de cuentas de los dineros transferidos.
¿Qué dijo Contraloría?
Al respecto, el ente contralor señaló en su informe, que uno de los hallazgos reveló que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la Fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.
También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.
Además, Contraloría comprobó incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas, tales como, no exigirlas a la Fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la Fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos. A ello, se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Otro de los hallazgos fue que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas solo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría anunció un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos.
