Pablo Cádiz y Lorena Ferraro
Sólo ocho páginas conforman la redacción de la ley corta ingresada por el Gobierno para regular la gratuidad universitaria en 2016, luego que el Tribunal Constitucional objetara los requisitos fijados en la ley de presupuesto por considerarlos discriminatorios.
La ley corta busca entregar gratuidad a las universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirán los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar. Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirán un incremento en las becas.
En el texto se señala que “en la situación actual de nuestro país, no podemos financiar a todos los estudiantes ni a todas las instituciones. Debemos focalizarnos en los estudiantes más vulnerables, que más lo necesitan”.
"Asimismo, no podemos financiar cualquier institución. Nuestro sistema de educación superior adolece de un alto nivel de desregulación que ha permitido que existan instituciones de muy baja calidad", se agrega en el texto.
Se trata de un proyecto que consta de un artículo único en el que se incorporan modificaciones a la ley de presupuesto. En concreto, se realiza un cambio a la ley de la glosa 07 del presupuesto, que establece los convenios marcos para las Universidades Estatales.
Según se detalla en el texto, se fija un incremento de recursos “con el objetivo de financiar programas de mejoramiento de la calidad”. Del mismo modo, se realizarán reasignaciones en la asignación de Becas de Educación Superior.
En el caso de la educación técnica, se fija un incremento a los montos destinados a la beca Nuevo Milenio para alumnos matriculados en instituciones sin fines de lucro o que se comprometan a ajustar su naturaleza para constituirse como tales.
Los requisitos para las universidades
La ley corta realiza un cambio a la glosa 05 del programa 30 estableciendo “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes".
Sin embargo, se les fija como requisitos que cumplan con alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados, que corresponde a cuatro años. De esta forma, las tres casas de estudio estatales que cuentan sólo con tres años deberán incrementar su certificación.
Para concretar este objetivo de acreditación en las universidades estatales, la iniciativa fija un monto de 2 mil 500 millones de pesos.
“Los convenios de transferencia respectivos establecerán planes para que cada universidad estatal mejore su acreditación institucional”, se agrega en el proyecto.
Adicionalmente, las universidades no estatales (las del G9 y privadas creadas tras 1981) que al 27 de noviembre de 2015 estén acreditadas por 4 años o más y cuyos controladores no sean personalidades jurídicas con fines de lucro podrán adscribir al programa de gratuidad siempre que así lo manifiesten por escrito ante el Mineduc.
Para tramitar este proyecto la Cámara de Diputados y el Senado destinarán sesiones especiales. Incluso, no se descarta trabajar el 24 o 25 de diciembre con tal de despachar la ley corta. La premura se debe a que el próximo lunes comenzará el proceso de postulación a las universidades.
