A sólo días de que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera hiciera público el nuevo protocolo para la aplicación de la despenalización del aborto bajo tres causales, las ministras de la administración de Michelle Bachelet emprendieron una ofensiva contra el texto.
Las ex jefas de las carteras de Salud, de la Mujer y la Secretaría General de Gobierno apuntan principalmente a que la nueva norma permite la objeción de conciencia institucional a aquellos centros privados que tengan convenios con el Estado.
Así, la ex ministra de Salud Carmen Castillo dijo que ven "con mucha preocupación y queremos que ojalá podamos revertir esta situación porque vemos que va a hacer un daño enorme a las mujeres de la clase media. especialmente afiliada a instituciones como las Isapres".
Castillo defendió reglamento preexistente y dijo que "lo que entregamos en su momento como protocolo para la objeción de conciencia consideramos que se ajusta absolutamente a la exigencia que un país maduro merece y en ese contexto lo que contiene precisamente para nosotros es el tema de la objeción con fundamento, con elementos consistentes y no a través de un representante legal".
Por su parte, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual afirmó que el gobierno actual lo que pretende es "en definitiva torcer, por la vía administrativa la aplicación más completa y compleja de la propia legislación. Eso se busca con este cambio, por algo se le baja el estándar a los requisitos".
Desde el Ejecutivo no se han referido a la polémica, pero lo harían durante la jornada de este lunes.
