El Gobierno de Gabriel Boric reconoció que no se cumplió con los criterios que había propuesto el Presidente de la República para otorgar los indultos y que esas fueron las “desprolijidades” que llevaron a la salida de sus cargos a la exministra de Justicia Marcela Ríos y del exjefe de Gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que si el Presidente hubiese conocido los antecedentes del indultado Luis Castillo, quien había recibido cinco condenas previas a las que tuvo por delitos cometidos durante el estallido social, no habría otorgado ese indulto.
“El Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos; uno es el conocido por todos y todas que es indultar a personas que en el estallido social hubiesen cometido delitos y producto de ellos estuviesen condenados. Y el segundo es que en la carpeta de las personas que estuviesen en esa condición, se excluyera a personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”, explicó la ministra.
“Y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desprolijidades de las que, evidentemente, se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República (…) Efectivamente si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, añadió la ministra.
Minutos después, la ministra Vallejo aseguró que en su última frase se refería a que "la situación hubiese sido distinta" porque habrían renunciado la ministra ni el jefe de Gabinete.
Reportajes T13 reveló que Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente el pasado 30 de noviembre, había sido condenado por cinco delitos comunes entre 2005 y 2017, además de las condenas que recibió en el contexto del estallido social.
La secretaria de Estado resaltó que estas “desprolijidades” no significan que los indultos otorgados sean ilegales y explicó que no es posible revocarlos, pese a las peticiones de algunos sectores de la oposición.
“Esto no dice nada del componente jurídico legal de los indultos. Una cosa es el incumplimiento del segundo criterio que fijó el Presidente, y la otra es la legalidad de los decretos. No tiene ningún vicio legal”, destacó Vallejo.
“Efectivamente se produjo una desprolijidad en el criterio, pero los indultos están bajo la ley, jurídicamente bien establecidos y elaborados. A propósito de miembros de la oposición de revocarlos, no es posible revocar indultos presidenciales por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en el acto administrativo”, agregó.
