Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedará el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica. Así lo determinó hace instantes la jueza Ana Emilia Ethit.
La magistrada determinó que hay "antecedentes" para acreditar los sobornos realizados a al senador desaforado Jaime Orpis: "Quedó claro por estas pruebas, estos correos donde se le enviaba derechamente instrucciones de cómo debían plantear los diferentes proyectos de ley, una presentación que estaba en la contraloría", comentó.
Sin embargo, la jueza descartó la prisión preventiva solicitada por el SII debido a la existencia de atenuantes como irreprochable conducta anterior y colaboración a la investigación, además de la baja pena para el delito de soborno, que oscilan entre los 541 días y 5 años.
"Yo entiendo que es un delito grave, pero la pena asignada por el legislador es baja", expresó.
Si bien para esta tarde estaba presupuestado revisar las medidas cautelares de Jaime Orpis, la audiencia fue reprogramada hasta nuevo aviso. Esto frente al reclamo de que no habría sido recibida la notificación del "cúmplase" del desafuero.
Durante la audiencia de ayer, la fiscalía pidió la prisión preventiva del senador asegurando que constituye "un peligro para la sociedad" por la "gravedad" y "reiteración" de los hechos.
El debate sobre las cautelares de Mujica
Hoy, el SII pidió decretar la prisión preventiva para el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por los pagos a Orpis a través de boletas de honorarios ideológicamente falsas.
"El sistema confia en los contribuyentes que en buena fe declaran. Acá hay una burla notoria al principio de buena fe", señaló el abogado del Servicio.
La Fiscalía pidió una medida cautelar menos gravosa -el arresto domiciliario total y arraigo nacional- aunque coincidiendo en que la libertad del imputado constituye un "peligro para la sociedad".
La fiscal Ximena Chong manifestó que "hay que desmitificar que se buscaba burlar la ley electoral" y pidió diferenciarlo de un soborno que realiza, por ejemplo, una persona que busca burlar un parte policial.
"Se ha sobornado a representantes de la ciudadanía, que forman parte de un poder del Estado, para tener un control respecto de la ley para efectos que se dicten leyes favorables. Y eso nos parece de la mayor gravedad", sentenció.
En tanto, la defensa de Mujica reconoció los pagos a Orpis, aunque descartó que se trate de sobornos: "Cuál es el interés de pagarle a un diputado y a un senador. Se trata de un parlamentario de 120, un senador de 38, si es que uno quisiera darle la razón a ese argumento", planteó su abogado.
Por otro lado, el abogado aseguró que las "cosas que hizo el senador Orpis tuvieron como trasfondo el interés de la región" y expresó que "es natural que pueda haber confluencia" entre la firma y los parlamentarios.
La fiscal Chong acusó una "trampa" en la argumentación de la defensa de Mujica, señalando que “los senadores son senadores de la República" que cuando juran prometen defender el "interés de la nación".
Junto con esto, descarta que Orpis haya actuado de acuerdo a su voluntad. Para esto recordó que en el excel que recibió el parlamentario "el tenor de las instrucciones no es te sugiero, es te propongo. El tenor de los correos es “acción, rechazar aprobar”.
En tanto, la formalización de la ex diputada Marta Isasi por cohecho y delitos tributarios se postergó para el 2 de junio por motivos de salud.
Claves para entender las imputaciones de Orpis
1) Cohecho: La fiscalía formalizó a Orpis señalando que el senador en forma ininterrumpida, entre marzo del año 2009 y abril del año 2013, habría recibido un total de $233 millones lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales, "a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras con infracción a los deberes de su cargo".
Para graficar este punto, la fiscal Chong aseguró que el parlamentario recibió "un manual de cómo votar" la ley de Pesca, el que habría sido enviado por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, a través de uno de sus colaboradores.
2) Delitos tributarios: En cuanto a la arista de delitos tributarios, la fiscalía acusó que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, "y a través de esa vía justificara ingresos inexistentes".
3) Fraude al fisco: Se le acusa a Orpis de utilizar fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos a través de dos modalidades:
- "Abultar" honorarios de asesores: Según la fiscalía, el senador exigía que parte de estos dineros se le transfirieran a su cuenta. Dentro de este grupo se encuentra Bárbara Molina y Carolina Gazitúa
- "Simulación" de contratos: En este caso se menciona a la arquitecta Lorena Lara, ex nuera de la jefa de gabinete de Orpis, Viviana Quiroz. Según Lara, nunca trabajó para el senador.
Según la fiscalía, el monto defraudado asciende a $153 millones.
