Qué observar. A las 3 pm de este miércoles está programado el primer concejo municipal de Santiago Centro desde que el jueves pasado Contraloría emitiera un informe calificando de carente de fundamento el pago de $8 mil 252 millones por la ex clínica Sierra Bella, adquirida meses antes inmobiliaria San Valentino por $2 mil 232 millones.
- Los términos del informe, en que se cuestionó las 3 tasaciones que la alcaldesa Irací Hassler (PC) usó como argumento para defender la compra aprobada por el concejo el 18 de enero, derivó en que la edil revirtiera la decisión que había defendido por casi 3 meses, y dejara sin efecto la compra.
- La edil recalcó entonces que no se había transferido el pago, lo que ocurrió pese a que Hassler ya había firmado la escritura de compraventa. El motivo fue que el 2 de febrero Contraloría ordenó suspender la adquisición mientras investigaba el caso.
- El caso derribó su proyecto estrella —que el 18 de enero presentó como la “primera clínica municipal del país”— y derivó en diversos gestos de apoyo desde su partido hacia el primer alcalde comunista de la comuna. “Confío mucho en ella”, dijo Guillermo Teillier, presidente del partido, a radio Nuevo Mundo.
- En este contexto es que cerca de las 8 am de este martes Hassler lanzó su plan de reforzamiento de la seguridad del caso histórico, lo que fue leído como un intento de recuperar el control de la agenda. Sin embargo, en pocas horas enfrentó un revés en seguridad y en el mismo flanco Sierra Bella, con la incautación de equipos en el municipio.
El intento de recuperar la agenda. La alcaldesa anunció pasadas las 8 am —junto a los subsecretarios Manuel Monsalve de Interior; Eduardo Vergara de Prevención del Delito y a la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez— el proyecto Destacamento Santiago Seguro.
- Según explicó, consistirá de un contingente de 40 agentes municipales de copamiento territorial, los que se desplegarán en la Plaza de Armas y en los principales paseos del Casco Histórico.
- El Plan Operativo Santiago Seguro en el que se enmarca el proyecto involucra una inversión de $751 millones.
- “Este es un trabajo que busca recuperar el espacio público para la ciudadanía y es en ello que el Destacamento Santiago Seguro, colaborando con la institución de Carabineros, va a aportar especialmente en reducir las incivilidades, en poder reducir el comercio informal y en poder brindar también una mejor sensación de seguridad, así como el poder estar disponibles de manera preventiva en los distintos lugares del casco histórico”, dijo.
El flanco de la violencia escolar. En la actividad estaba también el coronel Pedro Álvarez quien, en su calidad de prefecto de la Prefectura Santiago Central, entregaría más tarde detalles de los “overoles blancos” que cerca de las 9:20 am lanzaron molotov en la Alameda, frente al Instituto Nacional, reabriendo el flanco de la seguridad para la edil.
- “Aproximadamente 60, al parecer estudiantes del Instituto Nacional, digo al parecer porque no se sabe si son alumnos o son gente infiltrada en este colegio, salieron a realizar desórdenes aquí a Arturo Prat con Alameda y aparte de esos desórdenes comenzaron a lanzar bombas molotov. Una gran cantidad de bombas molotov recibió nuestro personal especializado”, dijo el coronel, quien detalló que no hubo detenidos.
- La municipalidad suspendió las clases, anunció una querella y la apertura de un proceso de indagación bajo el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).
- Estos hechos de violencia se sumaron al incendio del miércoles 12 en el Liceo de Aplicación de la comuna. Este último partió a las 10 am como una toma contra la Ley Nain-Retamal que aumenta la protección a las policías en caso de usar su armamento. Cuatro horas y media después se detectó el incendio, que destruyó materiales históricos y dañó la infraestructura
- La municipalidad también se querelló en ese caso y abrió una indagación bajo el RICE.
- La decisión de Hassler de aplicar el RICE generó controversia durante 2022, ante la acusación de que la alcaldesa habría instruido a los directores de liceos de la comuna a utilizar esa norma en vez de la ley Aula Segura. Esto se tradujo en una presentación en Contraloría.
- La Ley Aula Segura había sido publicada el 27 de diciembre de 2018 como una vía para que los directores de liceos y colegios subvencionados pudieran sacar de las salas a los estudiantes presuntamente responsables de hechos de violencia, mientras se investigaban con celeridad esos casos. Si eran expulsados, el Ministerio de Educación debía velar porque fueran reubicados en otros colegios. La medida generó un fuerte rechazo en la oposición de la época.
- El 16 de febrero de 2023 Contraloría falló en favor de Hassler, afirmando que no había evidencia de que hubiera instruido a los directores no aplicar esa ley y que sí en cambio había aplicado el RICE.
El flanco Sierra Bella. Cerca del mediodía el frente de la ex clínica Sierra Bella volvió para Hassler, luego de que personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegara a la municipalidad e incautara computadores y material informático vinculado a ella y al ex jefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle, los que fueron entregados voluntariamente.
- Chiffelle (PC) llevó la parte de la legal de la compra de la exclínica. Hassler anunció su salida tras recibir el dictamen de Contraloría.
- La Tercera detalló que la policía quiso llevarse su teléfono celular, a lo que la edil se rehusó por tratarse de su equipo personal y no institucional.
- La diligencia se enmarca en la investigación penal abierta tras la presentación de 2 querellas en el caso, en una causa que instruye el fiscal Patricio Cooper.
