Quiénes son los abogados defensores de Ángela Vivanco y el difícil panorama para evitar su destitución

Qué observar. La Fiscalía Nacional entregó este lunes al pleno de la Corte Suprema copia de los chats de la magistrada Ángela Vivanco -suspendida de sus funciones desde hace una semana- con el abogado Luis Hermosilla. Durante la mañana, un funcionario del Ministerio Público entregó un sobre con los archivos al secretario del Máximo Tribunal, Jorge Sáez.

• La situación había sido seguida muy de cerca por el equipo de defensa de la magistrada, conformado los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio, que la semana pasada habían pedido al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, no hacer entrega de esos antecedentes solicitados por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, en el marco del proceso de remoción que se abrió contra la jueza.

Otras solicitudes. Vivanco habían solicitado a la Comisión de Ética una copia de los antecedentes que se manejan contra su defendida y que fueron la base para que el pleno pidiera su remoción.

• Sin embargo, la instancia rechazó entregar la información que ella requería. “Como lo he dicho muchas veces, hay un estatuto dictado por la Corte Suprema, que regla la actuación de la Comisión de Ética. Que establece que los antecedentes que se recaban por la comisión, son reservados, confidenciales”, sostuvo esta mañana la jueza Gloria Ana Chevesich consultada en los pasillos de Tribunales.
• También pidió sin éxito extender el plazo que tiene la magistrada para entregar su informe al pleno sobre 6 puntos cuestionados que incluyen la intervención en nombramientos de fiscales, jueces y conservadores de bienes raíces, intromisión en la integración de salas e irregularidades en la tramitación de una causa entre Codelco y el consorcio Belaz-Movitec. Vivanco tiene 20 días de corrido -que se cuentan desde el lunes 9 de septiembre- para entregar su versión.
• En tanto, el juez Blanco rechazó una audiencia solicitada por Vivanco.
• La jueza también había recurrido a Contraloría para impugnar su remoción, acusando que no se está respetando el debido proceso.
• Pero la entidad que lidera de forma subrogante Dorothy Pérez, se abstuvo de emitir pronunciamiento al respecto, citando el artículo 80 de la Constitución que faculta al pleno de magistrados o al Presidente de la República a remover a un juez por mal comportamiento.
• Todo este panorama ha configurado un escenario en el que se espera que la defensa de la magistrada tenga un rol clave.

Cristóbal Osorio Vargas. El abogado de 39 años y cercano al Partido Socialista (renunció a su militancia recientemente) está a cargo de ver la parte administrativa del proceso contra Vivanco y el cuaderno de remoción que se abrió en la Suprema.

• Lidera el estudio Osorio Vargas & Abogados junto a su hermano Gabriel Osorio (exmiembro de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional)
• Estudió en el Liceo Experimental Manuel de Salas y Derecho en la Universidad de Chile, jurando como abogado en 2012.
• También tiene un Magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile y diplomados en Derecho Público Económico y Derecho y Política de la Competencia.
• Fue Socio del Estudio Jurídico Zúñiga Campos Abogados, del histórico abogado del PS, Francisco Zúñiga, con el exministro de Justicia, Jaime Campos.
• Entre los cargos públicos de Cristóbal Osorio, se desempeñó como Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Legislativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el segundo mandato de Michelle Bachelet; y Jefe de la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente.
• También fue Abogado en Claro y Cía entre 2010 y 2012.
• Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile.
• Entre sus principales causas se encuentra la defensa del exfiscal Emiliano Arias, evitando su remoción por el pleno de la Corte Suprema en 2020.
• En el caso de María Luisa Brahm logró que se ratificara una sanción disciplinaria establecida por Tribunal Constitucional.
• Se le atribuye un rol central también para salvar el pacto electoral de la Nueva Mayoría en el Tricel, en una ocasión que llegaron a inscribirse justo a las 00:00 horas.
• En el Caso Guetos Verticales de Estación Central logró que Contraloría determinara que no se puedan construir más.
• En tanto, en el caso Integración Vertical de Isapres denunció a empresas relacionadas.

Juan Carlos Manríquez Rosales. El abogado de 57 años le ha tocado protagonizar este año algunas de las causas de mayor connotación pública. Entre otras, se sumó al quipo defensor del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, logrando que la Corte de Apelaciones le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. La resolución fue ratificada este lunes, cuando se desecharon los recursos del CDE y Fiscalía.

• Manríquez también ha representado a la familia del teniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado en Santiago en febrero. El abogado ha gestionado con autoridades argentinas una solicitud de asilo en ese país.
• La jueza Vivanco lo fichó para defenderla en la investigación penal que se abrió contra ella a cargo de la Fiscalía de Los Lagos por eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias.
• Es fundador del estudio Manríquez Benavides & CIA que creó en 1991 con Sandra Benavides Schiller.
• Nació en Chillán en 1967, aunque es porteño. Estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, obteniendo su título el año 1991. Tienes estudios de posgrado la Universidad de Castilla y en California Western School of Law (USA).
• Especialista en Derecho Penal, es experto en casos de delitos económicos y antilavado de activos.
• También ha asesorado al Congreso Nacional. En el extranjero trabajó en la instalación de la Reforma Internacional Penal del Perú y en Argentina capacitó en delitos económicos y ambientales a la Fiscalía de ese país.
• Actualmente, es abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos; de la Asociación de Notarios y Conservadores y profesor de Derecho de la UC, y de Litigación en la PUCV.
• Entre sus casos se encuentra la representación de la excandidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, formalizada por fraude de subvenciones.
• También fue el abogado de Marco Enríquez-Ominami en las primeras etapas del caso SQM.
• En 2015, trabajó con la congresista Marta Isasi quien estaba imputada en el caso Corpesca.
• En 2014 representó a la familia de Felipe Camiroaga en una demanda contra la FACh.
• Manríquez también es abogado del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, formalizado por entregar información confidencial a Hermosilla.