A mediados de julio, el contralor Jorge Bermúdez, confirmó que formularon cargos contra Daniel Jadue por “irregularidades relevantes” en el traspaso de fondos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el alcalde.
Bermúdez indicó que lo que se le objeta a Jadue y otros funcionarios del municipio es falta de control en el traspaso de dinero, gastos que no fueron acreditados, falta de supervisión del punto de vista jerárquico, y convenios que no fueron presentados en la auditoría.
Y Jadue ya entregó sus descargos, pidiendo la inhabilitación del contralor y la nulidad del proceso, acusando vicios de forma y fondo.
Rodrigo Aros, defensor de Jadue, indicó la semana pasada en CNN que los convenios que suscribió la Asociación fue en el contexto de pandemia, recordando que la Presidencia de la República -liderada por Piñera- dictó estados de excepción constitucional. “Se plantea la falta a la probidad porque supuestamente estos convenios no habrían sido suscritos por la ley de contratación pública, pero cómo iba a haber falta de probidad, primero, si estábamos en una situación de pandemia”.
“En este contexto, el órgano llamado a llevar a cabo las licitaciones públicas, que es Chile Compras, estableció una serie de normas de excepción respecto a cómo se tenían que llevar las licitaciones públicas, normas de excepción que para este sumario no existen. Es como si el Covid no hubiera existido. Entonces, si uno analiza los cargos en una situación de no Covid, yo te podría decir, sabes qué, que el fiscal sumariante tiene un punto. Pero si se olvidan de la existencia del Covid, de la existencia del caso fortuito, se olvidan de los más de 700 dictámenes que emitió la propia Contraloría…”
En el informe de Contraloría de la Asociación, señalan quienes han conocen su contenido, señalan que el organismo que lidera Bermúdez no solo registró la falta de antecedentes durante el período de pandemia.
Por ejemplo, según señalaría el documento, Achifarp no aportó el libro de compras del año 2019, cuando aún no se conocía el primer contagio, además de 2020 y 2021.
La Contraloría también asevera que la Asociación no le entregó los estados financieros de 2019, como tampoco el de 2020, ni los informes de rendición de cuenta anual. Esa solicitud habría sida realizada por el ente fiscalizador a través de correos electrónicos los días 7, 10 y 15 de septiembre de 2021, no recibiendo respuesta alguna.
Así, el organismo que lidera Bermúdez no pudo constatar si los recursos que usaba Achifarp se utilizaban para el cumplimiento de sus objetivos ni tampoco verificar sus procedimientos de control para el resguardo de los recursos.
