El pasado 21 de junio, la sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo que pedía a la Presidenta Michelle Bachelet considerar razones humanitarias en favor de presos condenados con enfermedades graves e incurables, “sin discriminación de ningún tipo”.
La iniciativa se aprobó en la sala con 13 votos a favor y cuatro en contra. Entre los que respaldaron estuvieron parlamentarios de RN y la UDI, además de dos oficialistas: el DC Andrés Zaldívar y el independiente Alejandro Guillier.
Ambos, de hecho, no sólo votaron a favor: aparecen también -según los registros del Senado- como autores del proyecto de acuerdo, junto a un grupo de parlamentarios de oposición, los DC Manuel Antonio Matta y Jorge Pizarro y el PPD Eugenio Tuma.
La petición concreta de dicho proyecto de acuerdo apunta a “adoptar las medidas administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho Penal Humanitario en la aplicación de las penas privativas de libertad a reos condenados que se encuentren aquejados de enfermedades graves e incurables, sin discriminación de ningún del tipo”.
Según los fundamentos planteados en el documento, “las razones humanitarias en la determinación de la forma de cumplimiento de las penas, especialmente de aquellas restrictivas o privativas de libertad, constituye un principio fundamental del Derecho Penal como garantía del correcto ejercicio del poder punitivo del Estado frente a los ciudadanos, en cualquier clase de delitos, sin excepción de ninguna naturaleza”.
Además, se señala que “en aplicación de este principio, las naciones de más larga y desarrollada tradición jurídica han incluido en sus legislaciones penales normas específicas sobre la materia, facultando a los tribunales o al órgano administrativo encargado de la supervisión del cumplimiento de las penas, a suspenderlas por razones de salud de los condenados”.
"Las denominadas razones humanitarias han sido invocadas en este H. Congreso para fundamentar la llamada eutanasia activa, en la moción sobre la materia presentada el 11 de mayo 2006 (Boletín 4.201-11), entre cuyos autores figuran la senadora Isabel Allende Bussi y el senador Fulvio Rossi Ciocca, además del actual Ministro Secretario General de Gobierno, don Marcelo Díaz Díaz, existiendo, por tanto, un claro precedente acerca de la existencia y alcances de este principio como fundamento de las normas penales", afirma la propuesta.
“Diversas personalidades del quehacer nacional, de reconocida trayectoria personal y profesional en la defensa de los derechos humanos, como la ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski; el ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado, S.J. Fernando Montes, y; el abogado Héctor Salazar, han manifestado la necesidad de reconocer este principio en la aplicación de la penas privativas de libertad de todos los reos condenados, sin discriminación de ninguna naturaleza”, agrega el documento.
Sin distingos por condena
Según uno de los senadores que presentó el mencionado proyecto de acuerdo, el RN Alberto Espina, el objetivo de la iniciativa “viene a materializarse en un proyecto de ley que presentamos al ministro de Justicia este lunes, que plantea recoger los principios del derecho humanitario”.
El proyecto de ley al que alude Espina fue presentado por la bancada de senadores RN y UDI y agrega un nuevo artículo al Código Penal, que permite “en caso de que un condenado se encuentre con enfermedad terminal o con un grave deterioro físico o mental irreversible que le haga imposible desenvolverse con la mínima autonomía razonable, debidamente acreditada, el tribunal de oficio o a petición de persona interesada, oyendo al fiscal y al defensor, dictará una resolución fundada disponiendo la reclusión domiciliaria y las demás medidas de seguridad que correspondieren. El tribunal velará por el inmediato cumplimiento de su resolución”.
Espina agrega que la propuesta “no hace distingo de ningún caso, no por tipo de condena ni por edad del condenado”.
La propuesta de los senadores RN se produce en momentos en que La Moneda y la Nueva Mayoría trabajan una postura en conjunto sobre el debate de permitir la excarcelación de detenidos por causas de derechos humanos con enfermedades graves.
La decisión será zanjada en los próximos días: se acordó que será tema de la reunión de comité político el próximo lunes en Palacio.
