Dos nuevos proyectos de la agenda de probidad firmó esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet. Se trata de la iniciativa que tipifica y sanciona los delitos de corrupción y otra que regula los conflictos de interés.
Con la concreción del envío de estas dos iniciativas, la Mandataria completará 13 de las 22 medidas legales de la agenda de probidad y transparencia comprometida por el gobierno, tras recibir las propuestas de la Comisión Engel.
"Hemos iniciado un camino de combate a la corrupción que sabemos no será fácil, que tomará tiempo, porque los cambios propuestos son profundos", remarcó en la ceremonia.
Hemos iniciado un camino de combate a la corrupción que sabemos no será fácil
Pese a que el plazo de 45 días autoimpuesto por el gobierno vencía el viernes pasado, hasta esa fecha recién se habían concretado 11 de las 22 iniciativas.
El vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, explicó en ese momento que “nos parece que más importante que haberlos tenido hoy día para la firma, es que sean buenos proyectos, que permitan un buen debate".
Con este proyecto estamos revindicando un principio clave: los negocios deben hacerse limpiamente en todos los ámbitos
Sanciones a la corrupción
En el sitio web de la agenda de probidad y transparencia se señala que con esta iniciativa "se tipificará y sancionará el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios".
La Mandataria detalló que se establece que "son delitos que no se dan solamente en el ámbito público. Porque son conductas que afectan nuestra confianza en las relaciones comerciales y el funcionamiento de los mercados".
- Tráfico de influencias: Se amplía el alcance de este delito para que deje de aplicarse únicamente a funcionarios públicos y se refiera también a particulares.
- Se eleva la pena y se establece como agravante que quien sea activamente responsable del tráfico de influencia haya obtenido el beneficio que perseguía con su conducta.
- Negociación incompatible: Bachelet detalló que se elevará la pena "tanto de privación de libertad como de multa y el alcance" para quienes incurran en esta práctica. La Mandataria puso como ejemplo el funcionario público que autorice a un privado el funcionamiento de un establecimiento en el que es él propietario o tiene participación.
- Aumento de pena en delitos de cohecho y soborno: Se incluye el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
- Se fija delito de corrupción entre particulares: Sanciones al director, ejecutivo, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa que solicita o acepta un beneficio económico para su provecho o el de una tercera persona, tanto en la contratación de bienes y servicios como las relaciones comerciales. También se sancionará a quien ofrece esos servicios.
Regulación de conflictos de interés
Bachelet detalló que la iniciativa busca regular las inhabilidades y restricciones para ingresar a la función pública y se "elevan los estándares" frente a las situaciones donde una autoridad debe abstenerse de tomar decisiones.
- Requisitos para ingresar a un organismo público: No podrán ingresar a un organismo público quienes tengan derechos en una sociedad con la que ese organismo tenga contratos por más de 200 UTM o litigios pendientes.
- Restricciones a lobbistas: No podrán ingresar al servicio público quienes hayan hecho lobby ante un determinado organismo en los 12 meses anteriores.
- Impedimentos para pasar de regulador a regulado: No podrán ingresar a órganos fiscalizadores ex gerentes o directores de órganos fiscalizados. A la inversa, quienes hayan ejercido funciones en instituciones fiscalizadoras, no podrán trabajar en empresas privadas que hayan estado sometidas a su competencia hasta 6 meses después de cesar en el cargo y no podrán realizar actividades de lobby ante ese organismo durante 2 años.
- Incompatibilidades y aumento de "estándares" para casos en que autoridades deben abstenerse de intervenir: Bachelet detalló que deberán restarse en caso que afecte el interés propio o de su cónyuge, conviviente civil o parientes.
- Restricciones a parlamentarios: No podrán intervenir cuando haya conflicto de interés, la que incluso se hará extensiva a participar del debate. Del mismo modo, se fijarán restricciones a las asignaciones parlamentarias para evitar el pago a parientes
