"La Colusión no es algo aceptable en nuestro país", aseguró la Presidenta Michelle Bachelet este viernes.
En el marco de la ceremonia del día de las iglesias evangélicas, la Presidenta hizo un llamado a este sector a participar activamente en el Proceso Constituyente, señalando que "ustedes van a ser un aporte desde esa ética exigente que caracteriza a todos los que profesan la fe evangélica, que demandan un elevado estándar de integridad en la vida común, un estándar que debiéramos tener hoy presente, especialmente quienes tenemos responsabilidad en el ámbito público y económico".
Es en este contexto que sostuvo que "hoy más que nunca, siempre, pero también a partir de lo que hemos conocido en los últimos días, debemos cuidar la confianza y la transparencia de la política y el funcionamiento de los mercados".
"La Colusión no es algo aceptable en nuestro país y esperamos que pronto el proyecto de ley que está siendo discutido en el parlamento, que sanciona mucho más firmemente esto, sea una realidad", manifestó.
El tema fue planteado ayer por la Presidenta, quien junto con condenar el caso de corrupción entre CMPC y SCA (Ex Pisa) anunció que empujaría "fuertemente" la iniciativa que actualiza la regulación de libre competencia.
Esto ya que el proyecto lleva siete meses en el Congreso y aún no sortea su primer trámite legislativo. A inicios de octubre llegó a la Comisión de Constitución, que comenzaría a discutir el texto a inicios de noviembre.
Los ejes del proyecto que sanciona la colusión con cárcel y fuertes multas
1) Mayores multas
El proyecto del año 2004 fija multas de hasta 30 mil UTA (Unidades tributarias anuales), equivalentes a aproximadamente 25 millones de dólares.
En este contexto, uno de los ejes centrales del proyecto apunta a terminar con la “desproporción” que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados.
A modo de ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos el TDLC impuso la multa máxima de 25 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado se estimaba en 1.500 millones de dólares.
En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.
- Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
- Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.
2) Penas de cárcel
Hasta el año 2003 Chile contó con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días hasta 5 años) para quienes atentaran contra la libre competencia. Sin embargo, esta sanción nunca se aplicó, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para actuar frente a estos casos.
A más de una década de este cambio, el gobierno propone reponer esta pena a las conductas relacionadas con casos de colusión, recogiendo una serie de mociones ingresadas por parlamentarios de diversos sectores políticos.
En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).
3) Cambios en la delación compensada
La actual normativa contempla un procedimiento de delación compensada, a través del cual un actor que sea parte de la colusión podrá acceder a una exención o reducción de la multa cuando aporte a la FNE antecedentes que permitan acreditar la conducta o determinar responsables.
Lejos de una eventual eliminación del mecanismo, en proyecto señalan que resulta “imprescindible” realizar modificaciones para que este mecanismo funcione “en forma eficaz”.
El texto sostiene que el beneficio debe ser superior a la multa. En caso de las sanciones criminales contenidas en el proyecto, el gobierno consagra conferir este beneficio al primero que aporte antecedentes.
En el caso del resto de los actores de la colusión, el proyecto elimina la restricción de que esta no pueda ser superior al 50% de la mayor multa solicitada para los demás ejecutores que no se hubieran acogido al beneficio que ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal. En caso contrario, la sanción podría llegar al 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
Por otro lado, el proyecto contempla mecanismos para mejorar el control de fusiones en el sistema de libre competencia y entrega más capacidad a la Fiscalía Nacional Económica
¿En qué está el proyecto del gobierno que castiga la colusión con cárcel?
