El fiscal nacional, Jorge Abbott, declaró este martes ante la Corte Suprema en donde se justificó al recibir a autoridades y al público que le solicite una audiencia asegurando que "el derecho de petición es un derecho consagrado constitucionalmente".
Los diputados de oposición iniciaron el proceso, que podría terminar con la distitución de Abbott, tras presentar una solicitud acusando situaciones "que hablan de negligencia manifiesta por parte del fiscal", siendo una de ellas sus supuestas instrucciones a persecutores por casos de financiamiento irregular en política tras mantener reuniones con el abogado querellante del Caso Caval y Hernán Larraín.
Después de su declaración, el fiscal nacional aseguró que cumplió con una obligación como ciudadano "respondiendo a un requerimiento que han hecho diez parlamentarios respecto de mi destitución y conforme con el avance del proceso".
"Creo que este es un proceso que se va encaminando en la forma que la ley establece y esperamos que la excelentísima Corte Suprema resuelva según el mérito de los antecedentes que han recogido hasta ahora", señaló.
Junto con eso, aseveró que "se ha especulado mucho respecto a una eventual inhabilidad legal de mi parte en relación a la causa Penta y la verdad es que no tengo inhabilidad legal. Simplemente yo decidí no seguir con la causa Penta, que estaba a cargo del fiscal Sabas Chahuan, producto de mi parentezco con quien se desempeñaba como presidente de la empresa Penta, pero ese parentezco no constituye una inhabilidad legal puesto que la inhabilidad solo se produce ante los parientes de segundo grado y el pariente al cual me refiero es de cuarto grado".
