Termina el año y una de los compromisos adoptados por la Presidenta Michelle Bachelet para el 2016 aún está lejos de cumplirse. Y en uno de los temas más sensibles y que gatilló las críticas más duras desde todos los sectores.
El 5 de octubre pasado, en una actividad en La Moneda, la Mandataria lanzó un plan para reformar al Sename y dijo que al finalizar este año se enviaría un proyecto clave en ese sentido.
“Mi compromiso es que antes de fin de año enviaremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que dependerá del Ministerio de Justicia, seguidamente será enviado el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la futura Subsecretaría de Infancia”, dijo en esa ocasión Bachelet.
Un día antes, el gobierno había dado a conocer la cifra actualizada de las muertes de niños en centros bajo supervisión del Sename: 210 fallecimientos desde el 2005.
Así, en su actividad en La Moneda, la Presidenta aludió a las cifras e hizo un sentido mea culpa. "Impresionan y generan dolor, son una tragedia y una vergüenza para nuestra sociedad y para el Estado de Chile, porque no hemos estado a la altura de la tarea de velar por el cuidado y la protección de quienes más lo necesitaban", señaló en esa oportunidad.
El diseño del gobierno implica dividir el Sename en dos reparticiones. Una a cargo del Ministerio de Justicia –el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, donde estarán los jóvenes que enfrentan causas en tribunales- y otra –el Servicio de Protección a la Niñez- que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, que se ocupará de dar asistencia a los niños vulnerables, sin antecedentes penales.
La idea no es completamente nueva. Además de ser discutida durante varios años, fue parte de un proyecto de ley que envió al Congreso el gobierno de Sebastián Piñera en 2012. Al asumir en 2014, sin embargo, Bachelet optó por presentar sus propias propuestas.
¿Cuáles son las razones del retraso? En el gobierno explican que el proyecto de ley comprometido por la Presidenta para ser integrado antes del fin de 2016, el que creará el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, ya está listo.
Sin embargo, en el Ejecutivo agregan que la Presidenta definió un cambio en los últimos días: enviará ambos proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, la iniciativa sobre el Servicio de Protección a la Niñez, si bien ya fue revisada por el Ministerio de Desarrollo Social, aún está siendo evaluada por la cartera de Hacienda.
Así, se espera que ambos tengan luz verde en enero.
Ambas iniciativas ingresarán en paralelo a los avances de la Fiscalía en la investigación de muertes de menores en centros bajo supervisión del Sename: para el 25 de enero próximo está prevista la primera formalización del Ministerio Público por casos de muertes de niños en centros del Sename. La Fiscalía tipificó los delitos que investiga como aplicación de tormentos, es decir, causas de derechos humanos.
Además, en la Cámara de Diputados una comisión investigadora también analiza la crisis del Sename, , que incluso llevó a cambiar a la directora nacional, cargo que asumió la ex fiscal Solange Huerta. El difícil escenario de la institución fue, además, uno de los factores que debilitaron a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien dejó su cargo.
En todo caso, su sucesor, Jaime Campos, ha debido enfrentar también duras polémicas. La última fue la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando desdramatizó la situación de los hogares vinculados al Sename y dijo que el centro en que murió Lisette Villa tenía mejores condiciones que el internado donde él estudió cuando joven.
En este contexto, desde la Nueva Mayoría han pedido a La Moneda priorizar el 2017 los proyectos de ley sobre la reforma al Sename.
Otro envío retrasado
Ese no es el único tema pendiente en la agenda. Y es que para fines de este año también se esperaba que la Mandataria enviara un proyecto clave para el proceso constituyente.
La propia Bachelet anunció el 13 de octubre de 2015 que “a fines de 2016 enviaremos al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución para que por dos tercios de sus miembros en ejercicio establezcan los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental”.
Dicha iniciativa de reforma constitucional debe proponer al Parlamento que el próximo Congreso quede habilitado para definir el mecanismo para cambiar la Carta Magna.
En concreto, se debe reformar el capítulo 15 de la Constitución, relativo a los quórum necesarios para reformas la Carta Fundamental.
Ese es el paso previo para el envío del proyecto final que el Gobierno enviará al Parlamento para que peste defina el método por el cual se llegará a una nueva Constitución.
Sin embargo, el retraso ha sido explicado por el gobierno a partir de la demora en la entrega de las conclusiones de la fase de consulta ciudadana y la posterior elaboración de las bases ciudadanas, documento que Bachelet utilizará para redactar una propuesta propia de Nueva Constitución.
